LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
La oposición en la Diputación de Castelló, PSPV y Bloc, salió ayer en tromba a la información publicada por Levante de Castelló en la que desveló que el presidente del ente provincial, Carlos Fabra, ha recolocado al que fuera máximo responsable de Mundo Ilusión en la nueva empresa pública inmobiliaria Vicasdi. Así, el secretario de organización provincial del PSPV-PSOE y diputado provincial, Francisco Valverde, se preguntó si la política de empleo del PP y de Carlos Fabra "va a seguir siendo la de colocar a sus amigos en empresas fantasma que se inventa en la institución con dinero público".
Valverde denunció que "la indecencia política que supone que en plena crisis en la que las empresas privadas están despidiendo a trabajadores porque no puede mantenerlos, Fabra y el PP aprovechen la administración pública para aumentar los gastos con el único objetivo de colocar a sus amigos, ya que es absurdo crear una empresa de promoción inmobiliaria en un momento en el que existen ya herramientas dedicadas exclusivamente a ello tanto en la Generalitat como en el Gobierno de España".
En este sentido, Valverde lamentó que "Fabra pida al Gobierno de España medidas contra la crisis, cuando lo único que está haciendo él es colocar y recolocar a todos los amigos que se quedan sin trabajo y para ello utiliza la Diputación, donde ya cuenta con casi 40 asesores, todos vinculados al PP, como alcaldes, ex alcaldes, ex diputados, concejales, familiares de concejales o de alcaldes, en lo que supone un auténtico escándalo propio de repúblicas bananeras".
Por su parte, la diputada provincial del Bloc, Maria Gràcia Molés, recordó que "el pasado 29 de abril, cuando el PP de la Diputación aprobó en solitario la constitución de Vicasdi, ya expresamos nuestra oposición, asegurando literalmente que conociendo los antecedentes, la sociedad mercantil que se ha sacado Fabra de la manga puede resultar una merienda de negros".
Molés reiteró que "vistos los antecedentes de falta de transparencia nos preocupa que se cree una sociedad mercantil como esta, financiada con dinero público de la Diputación y por lo tanto de la ciudadanía, pero que actuará como empresa privada, sin encontrarse por lo tanto incursa en una serie de controles y garantías que rigen sobre el gasto público; y es en este sentido que nos preocupa que las fuerzas políticas que representamos a los ciudadanos, no podamos tener un control directo de las actuaciones y contrataciones que se hagan en esta sociedad".