Ferrada pide la moratoria de la Ley de Costas ante los afectados de Almenara

La plataforma vecinal se reunirá el día 15 en Nules con alcaldes de la Plana Baixa y Sagunto

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El paseo marítimo de Almenara está salpicado de viviendas.
El paseo marítimo de Almenara está salpicado de viviendas.  levante-emv

RAMÓN PARDO CASTELLÓ El senador castellonense del PP, Alfonso Ferrada, se sumó ayer a los apoyos recibidos por la Asociación de Vecinos de Almenara Afectados por la Ley de Costas en su demanda de que se paralice la aplicación de los derribos de viviendas en la primera línea de playa. La reunión con Ferrada forma parte de la estrategia de la asociación, presidida por el abogado Fernando Ramia, de llevar el problema a un debate nacional. En esa línea, el senador se mostró partidario de "pedir una moratoria" en la aplicación de una norma del 28 de julio de 1988 que "no responde a la realidad actual".
Simultáneamente la plataforma ha convocado el martes, a las siete de la tarde, en Nules, un reunión con los alcaldes de Almenara, Sagunto, Xilxes, Moncofa y el nulense para abordar los problemas generados por la ley y buscar actuaciones consensuadas. Otra de las actuaciones previstas es solicitar la desafectación del suelo de dominio público marítimo-terrestre en Almenara. Se basan en la existencia del paseo marítimo.
En su intervención Ferrada se mostró partidario de "proteger el derecho a la propiedad" y de estudiar su aplicación "caso por caso", porque, añadió el senador popular "no se dan las mismas circunstancias aquí que en Canarias o las Baleares. La ley se debe adaptar a las circunstancias concretas" y al momento.
Ante una amplia representación de los más de 800 asociados con que cuenta el colectivo que preside Ramia, Ferrada denunció que "Costas no ha protegido la costa" y apuntó los problemas de erosión y regresión generados con la ampliación del puerto de Castelló en las poblaciones vecinas.
El colectivo ha diseñado una serie medidas de presión a nivel nacional, contando con la participación del resto de asociaciones del territorio español implicadas con la polémica ley. También llevará el tema al parlamento europeo. Ante este organismo esgrimirá lo ya expuesto en el informe Auken acerca de las posibles "vulneraciones de los derechos de los propietarios legalmente establecidos" en la zona litoral y con unos derechos adquiridos".

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