LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló presentó ayer una moción para que el pleno del 24 de septiembre debata la implantación de un nuevo Plan Municipal contra la Crisis. "Las iniciativas del Partido Popular para hacer frente a las adversidades económicas desde la Administración local han sido ineficaces y ahora, a punto de elaborarse el próximo presupuesto, es cuando se deben acometer las propuestas anticrisis para hacerlas más fructíferas", explicó el portavoz del PSPV, Juan María Calles.
El pleno municipal aprobó en su sesión de 26 de septiembre de 2008 la adopción de una serie de propuestas políticas con el título genérico de Plan Municipal contra la Crisis que estaban dirigidas a ajustar el gasto público en el gobierno del Ayuntamiento de Castelló ante la realidad de la crisis económica. Sin embargo, los socialistas estiman que el mencionado plan "no ha cubierto las expectativas que generó hace un año, ya que las medidas aprobadas han tenido un nivel de ejecución ínfimo y apenas han parcheado la errática gestión del equipo de gobierno del PP".
Calles censura la "gestión cero" del alcalde, Alberto Fabra, "incapaz de asumir verdaderas políticas de contención del gasto corriente y de diseñar un plan estratégico para dinamizar la economía productiva y potenciar el desarrollo de Castelló".
La moción del PSPV contempla la aprobación de diez medidas económicas: actualizar los tributos municipales con arreglo al IPC negativo del mes de julio, aprobar un Plan de Medidas Fiscales contra la Crisis, un plan especial de contención del gasto público municipal que compense el recorte de ingresos, constituir una Comisión de Control del Gasto Público, incrementar las inspecciones fiscales para que ningún moroso incumpla con sus obligaciones ciudadanas y reducir el elevado porcentaje de impagos, que dificultan la ejecución de más inversiones y el desarrollo de mejores servicios.
Además, se instará al equipo de gobierno a mejorar la eficacia en la captación de recursos de otras administraciones públicas (Unión Europea, Gobierno y Generalitat), pues se denuncia que se han podido perder varias subvenciones por no haberlas solicitado a tiempo.