El consistorio reitera que no ha recibido la orden del TSJ para derribar el emisario

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El Gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) aseguró ayer que ha cumplido todos los trámites legales para acatar la sentencia del Tribunal Supremo que exige la demolición del emisario submarino de El Pinar y afirmó que aún no ha recibido la notificación judicial que le advierte con multas y sanciones penales por una "falta absoluta de cumplimiento".
Según los servicios de comunicación del gobierno local, el consistorio no tiene intención de desobedecer a la Justicia y explicó que a finales de junio ya remitió un escrito al Supremo para solicitarle que considere "inejecutable" esta resolución.
A cambio, el consistorio muestra su predisposición a que los magistrados fijen una indemnización económica para el demandante que sería asumida por las arcas municipales.
El ayuntamiento queda ahora a la espera de que el tribunal resuelva si admite o no la imposibilidad de demoler el conducto de vertido de aguas de la depuradora de la ciudad, una infraestructuras que fue objeto de denuncias vecinales por problemas de olores y supuestos incumplimientos de la normativa urbanística y ambiental.
Eso sí, el ayuntamiento dice desconocer por qué el Tribunal Superior de Justicia (responsable de velar por el cumplimiento de las sentencias del Supremo) remitió al Ayuntamiento de Castelló una providencia -firmada el 29 de julio de 2009- para exigirle que cumpla la sentencia y advierte al alcalde, Alberto Fabra, con medidas sancionadoras que incluyen multas coercitivas y responsabilidades penales. Los magistrados cuestionan "la falta absoluta de cumplimiento y respuesta a los reiterados requerimientos de cumplimiento de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Castelló".
Es por ello que exige que el consistorio "ponga en inmediato conocimiento de esta sala el nombre de la autoridad o funcionario encargado del cumplimiento de la sentencia". El TSJ subraya el apercibimiento de que, en caso contrario, descargará todas las sanciones y efectos penales sobre el alcalde.