Plantean un contencioso al Ayuntamiento de Burriana por no declarar en ruina la Papelera

V. S. BURRIANA Un grupo de vecinos ha presentado ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló un recurso contra el Ayuntamiento de Burriana por negarse a declarar en ruina el edificio de la antigua Papelera del Millars (propiedad municipal tras su expropiación) pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones.
Los vecinos -que no están directamente afectados por el estado ruinoso del edificio- defienden que el consistorio debía ya hace tiempo de haber abierto de oficio el expediente de ruina y de haber derribado el edificio, por el peligro que supone tanto para los usuarios de los caminos que lo circundan como para la gente que se introduce en el edificio.
Los vecinos, 42 en total, hicieron la primera petición el pasado mes de diciembre de 2008 pero no ha sido hasta el mes de agosto de este año cuando el consistorio burrianense, a través de un decreto de alcaldía, ha dado respuesta, negativa, a la petición vecinal. El alcalde, José Ramón Calpe, en su decreto deniega la apertura del expediente alegando, precisamente que los vecinos no son interesados "legítimos" al no verse beneficiados ni perjudicados directamente si se declara en ruina o no el inmueble. Con todo, Calpe asegura que, de iniciarse el expediente de oficio, se haría sólo "a propuesta de los técnicos municipales" si así lo consideraran "oportuno".

Fotografías del interior
Tras la respuesta, los peticionarios han remitido varios documentos a todos los técnicos municipales que podrían "considerar oportuno" abrir el expediente, desde el ingeniero de caminos, al arquitecto municipal pasando por la jefa de negociado de Urbanismo, escrito que ilustran con numerosas fotos que dejan al descubierto el precario estado de la antigua fábrica y con la transcripción de varias sentencias del Tribunal Supremo en las que queda establecido que, para pedir un expediente de ruina, cualquiera puede ser considerado como "interesado".
Es más, en todos los escritos, los recurrentes recuerdan que el pasado año 2006 el propio arquitecto municipal emitió un informe que marcaba el valor de los terrenos para el proceso de expropiación en el que se aseguraba que las construcciones existentes tenían un valor de "nulo" ya que "éstas se hallan totalmente en estado ruinoso".
Es por ello que los recurrentes también se cuestionan por qué si en su día el consistorio ya dio esa consideración al edificio no inició el expediente y obligó a la empresa entonces propietaria a derribar el edificio antes de la expropiación.