RAMÓN PARDO CASTELLÓ
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La instalación de las "discotecas"-chiringuitos en la playa del Gurugú, infringiendo la Ley de Costas de 1988, le cuestan anualmente al Ayuntamiento de Castelló 50.000 euros en multas, según informó ayer el Subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo. Sanciones que son fruto de los pertinentes expedientes abiertos por la Jefatura Provincial de Costas tras las inspecciones realizadas. Los empresarios aseguran que el consistorio les rebota las multas.
El delegado gubernativo mantuvo en su comparencia de ayer ante los medios, tras la reunión mantenida con los 16 alcaldes de municipios del litoral afectados por la Ley de Costas, que "esas discotecas, tal y como hoy están concebidas no están contempladas en el marco de la ley. Exceden de forma absolutamente manifiesta lo que la Ley contempla como instalación de ocio y disfrute en la playa".
De acuerdo a lo que se recoge en esa normativa esas infraestructuras que se montan en la playa "una vez que vemos lo que dice la ley, están al margen de la ley, muy por encima de lo que contempla la ley".
A pesar de ello, como afirma el Jefe Provincial de Costas, Ignacio Gil, su departamento no tiene medios personales, como ocurre con los ayuntamientos a la hora de parar una obra irregular que envían a los policías locales. "Nosotros tenemos la vía de la sanción administrativa que es en la que nos estamos moviendo", aseveró el subdelegado.
No se ha hecho la vista gorda
Lorenzo reiteró que en ningún momento, "ni ahora ni antes, hemos hecho la vista gorda con esas discotecas de playa. Y en todo momento se les ha sancionado sistemáticamente". Eso sí se comprometió, de acuerdo con Ignacio Gil, a estudiar la situación en que se encuentran estas instalaciones de cara a próximas autorizaciones, pero, en cualquier caso, éstas no llegarán, sino cumplen con la norma como el resto de chiringuitos que están en la provincia.
Acerca del lado social de los chiringuitos del Gurugú, a los que acuden alrededor de 15.000 personas y crean múltiples puestos de trabajo, ni Lorenzo ni Gil quisieron entrar a valorar el tema y se limitaron a animar a todos los estamentos implicados, empresarios y administraciones, a cumplir con lo que obliga la ley.
Ambos indicaron que en la reunión, en la que participó un representante del Ayuntamiento de Castelló, salió el tema, pero que no se plantearon soluciones porque no estaba dentro del marco de debate de los "chiringuitos", más de tipo gastronómico que musical.
Los representantes de la administración central fueron también claros al afirmar que "es el ayuntamiento quien propone a Costas un plan de usos de temporada y, de acuerdo con ello, la Dirección General de Costas suele aprobarlo. Luego, cuando los inspectores acuden a comprobar que se cumple lo autorizado es cuando se levantan los expedientes sancionadores. No sólo en el caso del Gurugú".