Los afectados por la ley de Costas pedirán a Bruselas que retiren las ayudas a España

AGENCIAS CASTELLÓ La diputada nacional del PSPV-PSOE por Castelló Susana Ros destacó "el trabajo y el esfuerzo que el Gobierno de España está realizando para que los municipios afectados por la Ley de Costas puedan seguir ofertando sus servicios, tanto a los residentes como a los visitantes, pero siempre dentro de lo que marca la ley". La diputada nacional realizó estas declaraciones después de la reunión que mantuvo esta semana el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, con 16 alcaldes de municipios del litoral castellonense.
Por su parte, el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, afirmó con rotundidad que lo que tiene que hacer el Gobierno Central es modificar la Ley de Costas "porque las leyes se tienen que adaptar a las exigencias y necesidades de la sociedad y así lo tiene que propiciar el Gobierno de Rodríguez Zapatero de una vez por todas". Romero destacó que el "Gobierno está para gobernar y eso es lo que debe hacer, atender las necesidades de la ciudadanía, por lo que si es necesario cambiar la ley, que se haga, para que los chiringuitos puedan seguir de forma legal".

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La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento europeo que retire los recursos estructurales al Gobierno español "por no cumplir la resolución europea del Informe Auken sobre la aplicación abusiva de la Ley de Costas".
En declaraciones realizadas ayer, el portavoz de este colectivo, José Ortega, afirmó que en la reunión celebrada en Valencia entre los miembros de esta organización se ha acordado que se presente esa petición al presidente de la Eurocámara y al de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE).
La petición responde a "la negación y falta de cumplimiento por parte del Gobierno español" sobre la resolución del 26 de marzo del Parlamento europeo, en el informe de la eurodiputada Margrete Auken sobre abusos urbanísticos que reconoce, según Ortega, que la norma sobre costas se aplica de manera "abusiva, caótica y arbitraria".

Informe europeo
Ortega criticó también que el Gobierno niegue esta resolución del informe europeo e incluso sus responsables se muestren "sorprendidos" al preguntarles sobre el caso.
Además, denunció "el incumplimiento masivo" de la normativa europea sobre acceso a toda información medioambiental porque los afectados por los deslindes "no puedan acceder a la totalidad de los expedientes que les afectan", un hecho que, según Ortega, "la Administración justifica en la protección de la intimidad".
Sin embargo, el portavoz señaló que anteriormente el sistema para conseguir esos datos "funcionaba bien" pero ahora se ponen trabas a los afectados y sus abogados, por lo que "no pueden saber los motivos por los que te tiran la casa y la propiedad".
"Ya no es un tema de Ley de Costas, sino de derechos civiles porque se vulnera la Constitución y dos directivas europeas en las que se dice que se garantiza el acceso ciudadano a toda la información medioambiental", manifestó.
Asimismo, expresó su confianza y la de la plataforma en la UE como vía para que sus demandas prosperen porque, según Ortega, éstas no son atendidas "ni por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ni por los representantes del Defensor del Pueblo". Los afectados no descartan movilizaciones.