Tres firmas del informe tienen contratos millonarios con diputación y consistorio

JORDI RUIZ/ NACHO MARTÍN CASTELLÓ Tres de las cinco empresas que aparecen en el informe policial sobre la posible financiación ilegal del PP valenciano (Lubasa, Facsa y PIAF) tienen su sede social en Castelló. Las firmas se encuentran entre las mayores adjudicatarias de la diputación y el ayuntamiento de la capital de la Plana, condición que les ha reportado contratos multimillonarios durante los últimos años. Las dos instituciones públicas que rubricaron las operaciones están dirigidas por los máximos responsables del PP en la provincia y en la ciudad de Castelló: Carlos Fabra y Alberto Fabra.
Lubasa es uno de los grandes contratistas de la diputación. Por ejemplo, para este año la institución provincial ha adjudicado a la filial Becsa (en UTE con Rafael Morales), el contrato de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales en la zona sur por 1,6 millones de euros.
Becsa también se encarga esta año de la conservación de los firmes y pavimentos de las carreteras de la diputación en la zona norte, por una cuantía de 737.069 euros. En julio, se adjudicó a la misma empresa las obras de ampliación de la carretera de Torreblanca a Torrenostra por 1,6 millones de euros. Son sólo unas muestras de los contratos adjudicados a la firma castellonense.
PIAF es la responsable del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la diputación. El reconocimiento extrajudicial de facturas a favor de esta empresa es ya un clásico en la institución. En varias ocasiones, el equipo de gobierno ha aprobado el pago pese a los reparos de la interventora. Esta firma también ha participado en otras actuaciones como la rehabilitación de la fachada del Hospital Provincial.

Las contratos municipales
Las tres empresas en el punto de mira son también concesionarias habituales del ayuntamiento. Lubasa recibió en 2008 pagos municipales por 2,8 millones de euros al margen de las decenas de obras y adjudicaciones de obra pública que ha llevado a cabo durante los últimos años (incluida la gestión de los aparcamientos subterráneos). Facsa es la concesionaria de la red de pública de saneamiento y la depuradora y, además, recibió pagos de 698.000 euros el pasado año. Por último, PIAF ingresó en el último ejercicio más de 12 millones por mantenimiento de edificios y obras.