Investigan por blanqueo a la red de Sagunt

TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA El juez de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional mantendrá el secreto sobre el sumario de la organización de narcotraficantes, supuestamente liderada por el empresario saguntino Rafael Rubén N. C., en tanto en cuanto la policía no finalice la investigación de blanqueo de capitales, que podría prolongarse durante varios meses, según fuentes de toda solvencia. Tras las detenciones de los 29 presuntos implicados en la trama de importación y distribución de cocaína a gran escala, comienza el proceso de embargo preventivo de los bienes de los acusados y la investigación patrimonial de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
A partir de ahora, la policía deberá analizar toda la documentación sobre las empresas de Rafael Rubén N. C. y sus propiedades, entre ellas los deportivos y el resto de vehículos a su nombre, el yate intervenido en el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar (Murcia) y los inmuebles que albergan algunas de esas sociedades -el restaurante del Port de Sagunt, los camiones y la sede de las empresas de transporte, etcétera- con el fin de dilucidar si ha incurrido en un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El mismo proceso se seguirá con el resto de imputados que tienen propiedades a su nombre, aunque, según las fuentes consultadas, la investigación patrimonial se centrará sobre el empresario saguntino, como responsable máximo.
Rafael Rubén N. C. ha figurado en los últimos años como administrador único de al menos siete sociedades distintas, la mayoría radicadas en Sagunt y otros municipios del Camp de Morvedre, aunque hay algunas también en Toledo.

Sospecha policial
En todo caso, la sospecha policial es que, en principio y a la espera del cruce de datos de toda la documentación intervenida en soporte papel e informático, el empresario habría evitado al máximo la "contaminación" de sus empresas. El objetivo es averiguar de qué modo y a través de qué canales y personas ha canalizado la fortuna presuntamente obtenida con el narcotráfico.
Según los datos policiales recogidos a lo largo del año y medio que ha durado la investigación, el modo de operar de la red era contratar los servicios de empresas legales tanto para importar la droga como para recogerla en los puertos y distribuirla después por carretera. Como ejemplo, sirve la última importación de cocaína que la policía abortó y que se achaca a la organización del saguntino. Los 586 kilos de cocaína llegaron a Valencia a bordo de un buque que cargaba diez contenedores con PVC importado de Suramérica -partieron del puerto caribeño de Maracaibo (Venezuela)-. Nueve de ellos traían realmente PVC y sólo uno de ellos portaba cocaína. Y los diez venían a nombre de una empresa valenciana que comercia habitualmente con la sociedad colombiana que enviaba la mercancía. Es decir, en caso de no existir la investigación policial y las escuchas telefónicas autorizadas por el juez, habría sido un envío comercial normal de una empresa legal que importa con asiduidad esa mercancía. De hecho, entre los 18 detenidos en la provincia de Valencia figuran dos directivos de la sociedad importadora del PVC, porque de las pruebas recabadas por la policía se desprende que conocían el contenido del décimo contenedor.
Y, para no levantar sospechas innecesarias, la organización iba cambiando de empresa y, por lo tanto, de tipo de mercancía para camuflar la droga. Tanto es así, que en julio trataron de traer otro cargamento de cocaína al puerto de Valencia a través de una firma que importa chatarra habitualmente, pero la negociación no llegó a buen término y el envío nunca se hizo efectivo.
En otra ocasión, también en julio, trajeron, presuntamente, 815 kilos de cocaína camuflada en uno de los contenedores que una empresa gallega importó desde Ecuador con cajas de gamba congelada. Ese envío fue interceptado por el Grupo de Respuesta al Crimen Organizado (Greco) Galicia y por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) central de la policía nacional en el puerto de Marín (Pontevedra) -uno de los tres que utilizaban, junto con el de Valencia y el de Barcelona- en julio pasado. Durante la operación, fueron detenidos, entre otros, varios abogados y dos guardias civiles.