CARLOS RODRÍGUEZ ONDA
El Ayuntamiento de Onda aprobó anoche en el pleno una ordenanza fiscal para gravar a las operadoras de telefonía móvil. Se convierte así en el cuarto muncicipio de Castelló, tras Benicàssim, la Vall y Almassora, en aplicar la medida, que va en función del consumo. La ordenanza fue aprobado con los votos del grupo de gobierno (PSPV, Bloc y AMI) y la oposición de PP y España 2000.
Gracias a esta ordenanza el ayuntamiento espera recaudar, mediante una tasa en función del consumo similar a la que le impone a Iberdrola, lo que se traduce en obtener más dinero en una época en la que los ingresos por los impuestos de la construcción han disminuido considerablemente, así como imponer una tasa. Se paliará así la reducción de los ingresos obtenidos por los impuestos de la construcción y obras han disminuido considerablemente, así como imponer una tasa.
Cabe recordar que Almassora prevé obtener con esa tasa 180.000 euros, por los 200.000 de la Vall. Y todo por ubicar las antenas de telefonía móvil en suelo público.
El pleno fue durante muchos momentos vivo reflejo de la situación de la calle. Tenso, centrado en la crisis económica y con gran disparidad de opiniones en cómo solucionarla. El PP acudió a la sesión plenaria con muchas propuestas bajo el brazo que entraron por despacho extraordinario, aunque no con la suficiente fuerza, o apoyos, para llevarlas adelante. Los votos del PSPV, Bloc y AMI fueron suficientes para tumbarlas todas.
Una de ellas fue la relativa al plan de austeridad que presentaron los populares para el próximo presupuesto, medidas con las que según las estimaciones del PP se podrían ahorrar 2,5 millones de euros a las familias ondenses, otra relativa a unas peticiones al gobierno central para mejorar la calidad de vida de la juventud que fueron descartadas "porque la mayoría son competencias de la Generalitat" y otra que hacía referencia a eliminación del pago de licencias para las empresas que inicien su actividad y a la modificación del IAE. Esta fue descartada al considerar que la primera suponía una competencia desleal a los comercios y la segunda porque se está estudiando conjuntamente con otros pueblos.
Otro de los puntos fueron dos modificaciones de crédito, una de 720.000 euros y otra de 75.000 euros que se destinarán a ampliar los servicios de mantenimiento y a aumentar la partida de ayudas a los desfavorecidos.
El pleno también dio el visto bueno, entre otros puntos, a tres convenios, con el CEU y la Fundación Monseñor Fernando Ferris para realizar prácticas formativas, y otro con Hosturionda.