LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
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La sociedad pública Aerocas, presidida por Carlos Fabra,pagó 27.397 euros a Orange Market por el montaje del expositor del aeropuerto de Castelló en la feria de turismo Fitur. La diputación participa en la mercantil que promueve el Costa Azahar.
Fabra negó por activa y pasiva en el pleno de la diputación del martes cualquier vínculo con la empresa de "El Bigotes", a la que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sitúa en el centro de la supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano. El presidente provincial admitió conocer a Álvaro Pérez, pero recalcó que ni éste ni su empresa han trabajado "nunca" en Castelló. Trasladó a la dirección regional las relaciones contractuales con "El Bigotes".
Sin embargo, la edición general del diario El Mundo recogió ayer un pago de 27.397 euros de Aeroport de Castelló a Orange Market por el montaje del "stand" de Fitur. Al frente de la sociedad Aerocas se sitúa el propio Carlos Fabra, que es el presidente del consejo de administración. Fuentes consultadas señalaron que la firma del presidente -mancomunada a la del director general de la mercantil- es necesaria para autorizar un pago. Según añaden, para un encargo de este tipo no es necesario concurso público por tratarse de un contrato menor.
La diputación no es ajena a Aerocas, ya que posee una simbólica participación en la mercantil. El grueso del capital (99,56%) lo aporta la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), adscrita a la Conselleria de Economía.
Pese al intento de Fabra de alejar el "caso Gürtel" de Castelló, las conexiones existen. Tres de las cinco empresas que supuestamente financiaron actos del PP tienen sede social en la provincia y, además, son adjudicatarias de contratos millonarios con administraciones gobernadas por los conservadores, como son la diputación y el ayuntamiento de la capital.
Por otra parte, el informe policial menciona al vicepresidente primero de la diputación, Francisco Martínez, como "persona de contacto" de Orange Market para cobrar dinero en negro por un acto del partido en Vila-real. El nombre de Fabra también aparece en las conversaciones intervenidas por la Policía entre dirigentes del PP y los empresarios de la trama.
Iniciativa ha pedido que se fiscalicen los contratos de los ayuntamientos gobernados por el PP con las firmas implicadas en la supuesta trama de financiación ilegal. Según el portavoz de la formación política, Carles mulet, "de momento se está hablando sólo del Consell y de ciudades como Castelló, donde parece que las propias investigaciones policiales todavía no han entrado".
"Seguramente estaríamos hablando de sólo una punta del iceberg. La mancha afecta ya a la diputación, con su vicepresidente Francisco Martínez como cerebro provincial de la falsificación de facturas. Haría falta ir a fiscalizar municipio por municipio para ver cómo se han ido desviado fondos públicos a empresas como Facsa, Lubasa, Piaf, Orange Market u otras a nivel inferior, porque ahí puede estar la llave de la verdadera financiación ilegal de los conservadores y explicar buena parte de las mayorías absolutas", aseveró. Para Mulet "con tácticas como la compra del voto inmigrante, la manipulación de los censos, y ahora, la posible financiación ilegal del PP, podemos entender las mayorías absolutas".