El PSPV exige una investigación por la pérdida de pruebas sobre Altava

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ ?
El grupo municipal socialista exigió ayer la apertura de una investigación oficial inmediata en el Ayuntamiento de Castelló para esclarecer las responsabilidades sobre "la supuesta pérdida de las pruebas policiales que incriminaban al senador del Partido Popular y ex juez Manuel Altava,, en el allanamiento a la vivienda de su ex mujer".
La petición socialista se formalizará en el transcurso de la próxima Comisión de Seguridad Pública, en la que solicitará que se investigue qué personas han tenido relación con el expediente del suceso y "si algún miembro del equipo de gobierno municipal del PP ha podido tener acceso a la documentación policial". "La pérdida o la eliminación de pruebas policiales es de una enorme gravedad, porque acarrea la indefensión de quienes han sido víctimas de un supuesto delito. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Joaquín Torres, deben dar cuenta de lo que ha pasado, por el bien de la democracia, y anular la sombra de sospecha de prácticas irregulares en beneficio de cargos públicos del PP", afirman desde el PSPV.
El Tribunal Supremo, que juzga al parlamentario por su condición de aforado, ha requerido "las fotografías realizadas por agentes de la Policía Local en las que se testimonia cómo el entonces juez de lo Penal entró en la casa de su ex mujer, en ausencia de ésta, para recoger diversos objetos".
Según expone el PSPV, Altava está imputado por un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho, "al irrumpir en la vivienda con acompañamiento judicial, cambiar las cerraduras y retirar durante cinco horas numerosos bienes por medio de un camión de mudanzas".
Los socialistas argumentan que el intendente principal del cuerpo de la Policía Local de Castelló ha contestado a la petición del Tribunal Supremo que "consultados los archivos de esta policía no constan las fotografías objeto de su solicitud", a pesar de que en el atestado que redactó la Policía Local de Castelló consta que "se realizaron fotografías de todo lo ocurrido y de cómo la ex compañera sentimental de Altava se opuso a la retirada de los objetos del inmueble que ambos habían compartido".
Además, según el grupo socialista, el mismo senador "solicitó que igualmente se fotografiaran, como así se hizo, varios efectos que, reconociendo como propios, declinó recoger en ese momento para evitar mayores tensiones".
El atestado finaliza diciendo que estas fotografías "quedan depositadas en estas dependencias a disposición judicial, dado que son de tipo Polaroid, para evitar su pérdida o deterioro, dado que no pueden reproducirse nuevamente".
El comunicado del PSPV precisa que los documentos judiciales sitúan los hechos el 15 de agosto de 2003, "cuando Altava se dirigió hacia la vivienda y, como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".
La sala segunda del Tribunal Supremo asumió la instrucción de este caso el pasado 13 de febrero con el informe favorable del fiscal, que consideró que los hechos pueden ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".
Este delito, tipificado en el artículo 455.1 del Código Penal, prevé la imposición de una multa de seis a doce meses a quien, "para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas".