El Estado recurre el fallo que le obliga a pagar a Vila-real el IBI de la AP-7

XAVIER MANZANET VILA-REAL La abogacía del Estado ha presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que fallaba que el Estado debería pagar al Ayuntamiento de Vila-real 530.175 euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la autopista AP-7. Así lo daba a conocer ayer el alcalde, Juan José Rubert, quien aseguraba que los argumentos del abogado del Estado "no se ajustan a la realidad cuando habla de cantidades" y que por eso "actuaremos para que este recurso no prospere como ya han hecho municipios de la provincia de Barcelona".
Rubert explicó que el Estado aporta como argumento "que presentó los gastos de varios años sumados como si fueran un todo de 537.000 euros". "La realidad es que la cantidad para cada anualidad es menor de 150.000 euros y por tanto deben ser abonados al Ayuntamiento de Vila-real", afirmó.

Cantidad equivalente al IVA
El alcalde apuntó que "con ese dinero podrá pagarse, por ejemplo, el IVA que quiere el Gobierno de los ayuntamientos, un Gobierno que no pretende más que poner pinzas a las corporaciones locales incluso reduciendo la aportación en la participación de los tributos del Estado. Y mientras aprietan, pactan con algunas autonomías y nos dejan a todos a los pies de los caballos cuando son los ayuntamientos los que están en primera línea a la hora de atender a los ciudadanos".
Cabe recordar que la sentencia del TSJ de Madrid se dicta después de que el Ayuntamiento de Vila-real reclamara más de 500.000 euros por el paso de la autopista por su término municipal. El primer fallo se obtuvo el 23 de julio de 2007 y entonces se dio la razón al Estado.
Fue entonces cuando el ayuntamiento recurrió ante el tribunal superior que, finalmente, les ha dado la razón al entender que ninguna empresa (en este caso Aumar) puede librarse de abonar dicho impuesto como si fuera una administración pública. Por ello, el tribunal condena al Estado a compensar a los municipios por la cantidades que no recibieron porque mantiene que esta bonificación lesiona la suficiencia financiera.