JORDI RUIZ CASTELLÓ
El presidente provincial del PP y de la diputación, Carlos Fabra, se apunta a la corriente negacionista del caso Gürtel, siguiendo las directrices de su partido. Ayer dijo que el escándalo que afecta al PP valenciano "ha pasado a la historia" y destacó el apoyo unánime a Camps.
Tras la destitución de Ricardo Costa, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, avanzó la nueva estrategia de los populares, consistente en negar la mayor y desvincular al gobierno autonómico, al president Camps y al PP valenciano de la trama de corrupción. La prueba de que hay consignas para intentar acallar el tema es que el alcade de Castelló, Alberto Fabra, impidió el viernes pasado a los medios que preguntaran al diputado Juan Costa sobre la destitución de su hermano.
El otro Fabra, Carlos, no permitió ayer a este diario preguntarle sobre el caso. Interrumpió la pregunta y señaló que "el tema sólo les interesa a ustedes, a los medios que están al lado del gobierno". Previamente, reiteró su respaldo al president de la Generalitat, Francisco Camps. Un apoyo que, según dijo, también le brindan sus homólogos de Valencia y Alicante, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll, respectivamente, además de los alcaldes de las tres capitales valencianas y los militantes del PP. También auguró un nuevo respaldo de los votantes. "Y si no al tiempo", advirtió
El líder provincial cargó contra el PSOE, "que se cierra en temas personales de políticos del Partido Popular y lo tienen todo perdido". "Ya se demostró en pasadas elecciones, que calentaron de lo lindo y perdieron ampliamente", añadió. Carlos Fabra considera que lo que deberían hacer los socialistas "es enfrentarse al Gobierno de España, que es el que nos deja en el culo del mundo con sus presupuestos".
Nueva adjudicación a Facsa
El vicepresidente primero de la diputación, Francisco Martínez, anunció ayer la adjudicación de un contrato a la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) para garantizar la potabilización de agua en 70 municipios de la provincia. El contrato tiene una duración de cuatro años, prorrogable por dos más, con un importe de un millón de euros.
Facsa es una de las empresas castellonenses que aparece en el informe policial que apunta a una posible financiación irregular del PP. También figura en el sumario judicial como una de las firmas que contrató con las empresas de la trama. Es una de las principales contratistas de las administraciones gobernadas por el PP. Por su parte, Francisco Martínez aparece como persona de contacto para que Orange Market cobrara por los servicios prestados.