El informe de Anticorrupción confirma un presunto fraude fiscal de Carlos Fabra

J. ANTEQUERA CASTELLÓ El informe elaborado por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción concluye que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, obtuvo desde el año 1999 ganancias no justificadas de patrimonio por un importe de al menos 300.000 euros (50 millones de las antiguas pesetas), por lo que podría haber incurrido en un posible delito de fraude fiscal. El informe, que está prácticamente concluido y será llevado al Juzgado de Nules en los próximos días, es fruto de la denuncia que la Agencia Tributaria puso en manos de la Justicia en junio del año 2005, cuando el fisco detectó graves irregularidades en la situación tributaria del líder provincial del PP.
Según consta en la denuncia, Fabra no declaró en 1999 la totalidad de los ingresos que obtenía por las actividades profesionales que desarrollaba. Así, durante ese ejercicio y los siguientes, el político popular obtuvo ganancias que canalizó, a través de ingresos en efectivo, en sus casi 100 cuentas bancarias. Esas transferencias que no justificó debidamente en su IRPF eran muy superiores al sueldo que percibía y sigue percibiendo como presidente de la diputación (declaró 11,5 millones de pesetas anuales por rendimientos del trabajo personal).
Durante el tiempo que ha durado su investigación fiscal, Anticorrupción ha seguido el rastro de al menos 140 ingresos en efectivo, por un importe de casi 107 millones de las antiguas pesetas, que fueron a parar a las cuentas de las que Carlos Fabra era titular en exclusiva. Estas "operaciones raras desde el punto de vista tributario", según las fuentes judiciales, han sido el hilo del que han ido tirando los inspectores en los últimos cinco años.
¿Pero qué personas físicas o jurídicas ingresaban tales cantidades a nombre del líder provincial del PP? La Fiscalía Anticorrupción está tratando aún de determinar el "origen y procedencia" del dinero, una misión ardua y compleja, ya que algunos bancos y cajas de Castelló apenas han colaborado, o lo han hecho con una lentitud "propia del siglo XIX", a la hora de trasladar al juzgado los extractos con los movimientos contables del líder del PP.
A pesar de que el informe está terminado, la investigación continúa abierta, ya que el juez Jacobo Pin, que se ha hecho cargo del caso Fabra recientemente, ha llamado a declarar a una docena de cajeros y a otros trabajadores de diversas entidades bancarias para que aclaren qué persona o personas ingresaron centenares de miles de euros, en efectivo y en cheques, en las cuentas en las que el presidente provincial del PP aparecía como titular, cotitular o persona autorizada entre los años 1999 y 2004.

Cuota defraudada
Hacienda considera que la cuota que Fabra ha dejado de ingresar al erario público supera los 120.000 euros, por lo que el presidente podría haber incurrido en un delito de fraude fiscal.
Previsiblemente, los peritos llevarán su informe al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules después del próximo día 11 de noviembre. A partir de ese día empezarán a desfilar por el juzgado de Nules los empleados de las entidades financieras que tramitaron los ingresos millonarios para Fabra.
Se da el caso de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya 2 años de cárcel para Carlos Fabra por el delito de falsificación de documento oficial supuestamente cometido en la manipulación de licencias oficiales del Ministerio de Agricultura para la comercialización de productos plaguicidas agrícolas fabricados por Naranjax, la empresa de su ex socio Vicente Vilar, hoy en prisión por violar a su ex mujer. El político conservador ha recurrido esta petición fiscal ante la Audiencia.
Fabra figura como imputado en delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal desde el año 2003, cuando Vicente Vilar le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos. Hoy, seis años después, el caso Fabra sigue vivo.
Las partes tendrán
el informe en las próximas semanas
Una vez que los peritos hayan remitido su informe al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, el titular de este órgano judicial, Jacobo Pin, dará traslado de todo el material a las partes para que hagan sus alegaciones. En ese momento, tanto los abogados de Fabra como del resto de imputados, así como el fiscal y la acusación particular, podrán solicitar más pruebas. No se descarta que alguna de las partes solicite la declaración de nuevos testigos para aclarar la identidad de las personas que hacían los ingresos en las cuentas de Fabra.
El paso siguiente será la calificación penal de los hechos. El fiscal asignado al caso, Luis Pastor, podría solicitar penas de cárcel para Fabra por un supuesto delito de fraude fiscal, mientras que con toda seguridad la defensa argumentará que las denuncias de la Agencia Tributaria contra el líder provincial del PP han prescrito ya.
Pero antes de que se lleven a cabo estos trámites, queda una prueba importante que empezará a practicarse a partir del próximo día 11: la declaración como testigos de los empleados y cajeros de los bancos y cajas en los que Fabra tenía abiertas más de cien cuentas corrientes.
Casi con toda probabilidad la mayoría de los trabajadores de las entidades financieras argumentarán ante el juez instructor que han pasado demasiados años desde que tramitaron aquellos ingresos a nombre de Carlos Fabra y que, por lo tanto, no recuerdan los detalles de las transacciones. Con todo, la Fiscalía considera importante que estas personas presten declaración en sede judicial. Además, el fiscal podría pedir la comparecencia de algunos empresarios del entorno de Fabra, así como de dos directores generales de Agricultura.