NACHO MARTÍN CASTELLÓ
El Gobierno del Ayuntamiento de Castelló reclama que el Ejecutivo central pague más de 2 millones de euros por los daños que causó en septiembre el desbordamiento del río Seco "a consecuencia de la proliferación de cañares" y responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque "no fue capaz de limpiar el cauce y prevenir los daños". Esta exigencia fue anunciada ayer por el PP a través de una declaración institucional que será sometida a votación en el pleno del próximo jueves.
Además, el equipo municipal de gestión de Alberto Fabra exige al Gobierno una orden de ayudas reales que también incluya a los ciudadanos que sufrieron daños en su segunda vivienda.
La CHJ respondió que en la actualidad sus técnicos están estudiando las causas del desbordamiento y que no puede aceptar que se le responsabilice de una mala gestión antes de que se elaboren los pertinentes informes científicos. A este respecto, el organismo de cuenca recuerda que el volumen de agua que soportó el río fue excepcionalmente elevado -600 metros cúbicos por segundo- y resaltó que se logró con éxito el objetivo primordial de evitar daños personales. No obstante, los técnicos de la CHJ están analizando los motivos del desbordamiento en el tramo final del cauce a la altura del Camí de la Donació y emitirán el correspondiente informe. De forma paralela, la Subdelegación del Gobierno está recibiendo las reclamaciones de los vecinos afectados.
Estimación de Gallén y Moliner
La portavoz adjunta del Partido Popular, Marta Gallén, expuso que el primer informe de los técnicos municipales "arroja un balance de daños de 2,1 millones de euros: algo más de un millón de euros en daños en la vía pública y en las infraestructuras públicas, 550.000 euros en daños sobre las propiedades agrícolas y 600.000 euros en daños sobre las viviendas, principalmente ubicadas en la Marjaleria. Gallén se refirió a la suciedad del cauce y alegó que el alcalde ya se lo había advertido a la CHJ. "En previsión de estas circunstancias el alcalde de la ciudad remitió a la CHJ en fecha de 19 de junio de 2009 un escrito en el que se solicitaba la limpieza urgente del cauce para prevenir posibles riadas; sin embargo, a esa carta no se contestó hasta el 11 de septiembre de este mismo año indicando que los técnicos estudiarían las necesidades en una visita. De hecho, se sigue sin realizar ninguna actuación de limpieza".
Por su parte, el vicealcalde, Javier Moliner, reclamó al Gobierno otros 30.000 euros por el coste de la recogida de "860 toneladas de cañas" y argumentó que la única causa del desbordamiento fue la suciedad. "El agua no pasó del 75% de la capacidad del túnel, pero existe un hecho real que es que en una zona del río hubo un desbordamiento y no cabe duda de que el hecho lo motivó la gran cantidad de suciedad acumulada".