El TSJ obliga al consistorio de Burriana a pagar 8,6 millones por la Papelera

R. PARDO BURRIANA La expropiación del solar de la antigua Papelera del río Mijares le costará al Ayuntamiento de Burriana 8,6 millones, tras la revisión al alza por parte del TSJ de la Comunitat Valenciana del precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Así el TSJ ordena al consistorio el abono de otros 3,7, estimando en parte el recurso de la mercantil promotora de Desarrollos Urbanísticos Ameg, SL. El alto tribunal valenciano acepta que a los 4,7 millones en que fijó el Jurado de Expropiación el coste de la Papelera se abonen otros 3,7. Muy lejos, en todo caso, de los 18,8 millones que reclamaban los promotores.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, con fecha de 15 de octubre y notificada al ayuntamiento el pasado día 23 fija un nuevo justiprecio de 8.594.773 euros, por lo que el consistorio, como asume en un comunicado emitido ayer, deberá abonar la diferencia entre los 4,8 pagados y los ocho fijados.
A criterio del TSJCV, el coeficiente de edificabilidad pasa del 0,60 (m2 techo/m2 suelo) que fijó el Jurado de Expropiación Forzosa de Comarcas al 0,75 actual. Asimismo, la sentencia, que no es firme, incluye en su valoración el coste del derribo, estimado en unos 240.000 euros, así como los viales interiores previstos en esta unidad, deducidos del precio final por el Jurado de Expropiación.
El ayuntamiento tiene ahora 10 días para presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal valenciano.
Según fuentes del ayuntamiento, los servicios jurídicos municipales y la asistencia externa estudian ya esta posibilidad para evitar este sobrecoste para las arcas municipales.
"Un precio que nunca se ha pagado en Burriana", según afirma el alcalde, José Ramón Calpe.Porque, añade, hay que tener en cuenta que se trata de un terreno dotacional, inicialmente de uso sanitario -según el planeamiento aprobado en 1995- y posteriormente de uso deportivo-recreativo, según la homologación global del PGOU de 2003.
Caber recordar que entorno a este edificio industrial se ha generado una gran polémica, puesto que el paso del tiempo lo ha dejado en estado de ruina y aconseja su derribo.