Martínez usa la diputación para impedir que se graben los plenos de Vall d´Alba

JORDI RUIZ CASTELLÓ El provecho que saca Francisco Martínez a su doble condición de alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente primero de la diputación parece no tener límites. Ahora ha recurrido a los servicios jurídicos de la la diputación para que defiendan al ayuntamiento en un contencioso motivado por su negativa a que se graben los plenos. Él mismo firma el decreto que posibilita que los letrados de la institución provincial trabajen a su favor en Vall d'Alba.
En la era de la comunicación y la globalización, Martínez no deja filmar, fotografiar o grabar el audio de las sesiones plenarias del consistorio que dirige. Una prohibición inusual, ya que la inmensa mayoría de ayuntamientos permite el paso a las cámaras y grabadoras, al igual que la diputación de la que él forma parte. Para lograr una imagen de un pleno de Vall d'Alba, habría que recurrir a los retratistas de juicios.
El PSOE ha pedido varias veces que se levante esta prohibición, al entender que los plenos son de interés general y tienen derecho a difundir las imágenes de lo que allí sucede. Ante la negativa de Martínez, los tres concejales socialistas han interpuesto un recurso contencioso-administrativo, al entender que se vulneran preceptos constitucionales. La respuesta del alcalde-vicepresidente ha sido asignarse los servicios jurídicos de la diputación para que defiendan al ayuntamiento.
Lo hizo el pasado 9 de septiembre, aprovechando que ejercía de presidente accidental de la diputación, en ausencia de Carlos Fabra. En un decreto, hace constar la solicitud de asistencia jurídica formulada por el ayuntamiento de Vall d'Alba (o sea, la petición que él hace) para su defensa en el recurso presentado por el PSOE. Y como no podía ser de otra forma, la respuesta que se da a sí mismo es positiva, designando para la defensa de los intereses del ayuntamiento a dos letrados y a una procuradora de la diputación. El decreto lo firma Francisco Martínez.
El primer edil de Vall d'Alba ya protagonizó un caso parecido hace unas semanas, como publicó este diario. Desde su cargo de responsable del área de cooperación de la diputación aprobó una consignación de 600.000 euros para la piscina climatizada de su pueblo. Los alcaldes de la zona, incluido alguno del PP, criticaron la política que desempeña Martínez en la diputación en beneficio de su pueblo.

Este periódico se puso en contacto con Francisco Martínez, que respondió a través de una nota de prensa. Según señala en el escrito, el equipo de gobierno "ha desestimado la posibilidad, propuesta por los concejales del Grupo Socialista a través de un recurso, de grabar los plenos al considerar que es innecesario y que no aporta nada ni a la gestión municipal ni al interés de los vecinos". Añade que "los servicios jurídicos del ayuntamiento de Vall d'Alba han realizado un informe en el que se subraya que no hay obligación alguna de realizar ningún tipo de grabación audiovisual" y recuerda que "tampoco se grabó ningún pleno durante los ocho años de gobierno socialista en Vall d'Alba".
Sin embargo, el PSOE no plantea la obligación de grabar los plenos, sino la posibilidad de que se graben y que los medios gráficos y audiovisuales accedan libremente. Consultado por este aspecto, Martínez señaló que el equipo de gobierno tomó esta decisión "porque hay concejales que no querían salir por televisión" y destacó la total disponibilidad del ejecutivo municipal y de él mismo para hacer declaraciones y aclaraciones. Por último, el comunicado señala que los concejales y vecinos pueden consultar las actas. J.R.castelló