El fiscal incluye a Cultura en sus diligencias penales por las obras del trolebús en Ribalta

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castelló también emprenderá acciones contra la Conselleria de Cultura por el paso del trolebús por el parque Ribalta -protegido como Bien de Interés Cultural- y ha ampliado las diligencias de investigación penal que ya había abierto para investigar a tres altos cargos del Partido Popular debido a posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio.
Así lo acordó a principios de octubre el fiscal jefe, Javier Carceller, en respuesta a la denuncia que presentó el grupo municipal socialista el pasado mes de junio. La resolución fue trasladada la semana pasada al portavoz socialista, Juan María Calles.
El decreto considera que hay suficientes indicios de comisión de delito y acumula la denuncia del PSPV a la causa que ya había abierto en respuesta a las acciones legales emprendidas por el partido Iniciativa y la Plataforma SOS Ribalta.
La Conselleria de Cultura se enfrenta ahora una investigación penal por autorizar la obra de la plataforma del trolebús dentro de un parque protegido. En este mismo procedimiento, la fiscalía está indagando la supuesta implicación del alcalde de Castelló -Alberto Fabra-, el vicealcalde -Javier Moliner-, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine.
Los tres dirigentes populares y la Conselleria de Cultura ya han recibido la notificación oficial de la fiscalía en un contexto de oposición social avalado por más de 20.000 firmas ciudadanas y cinco informes desfavorables de organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat de Valencia y Universitat Jaume I de Castelló).
Las denuncias interpuestas por la Plataforma SOS Ribalta, Iniciativa y el PSPV argumentan que al menos tres Administraciones gobernadas por el Partido Popular podrían haber incurrido en un comportamiento delictivo por haber adoptado decisiones que supuestamente suponen una agresión contra un patrimonio protegido y por ser al tiempo conocedores de la supuesta ilegalidad de las actuaciones. Por su parte, los dirigentes del PP insisten en proseguir la obra y desoyen los dictámenes desfavorables.
En defensa de un patrimonio protegido
Las denuncias presentadas en la Fiscalía alegan que el parque Ribalta constituye una unidad protegida como Bien de Interés Cultural desde 1981 y que el ayuntamiento incumple desde 1999 su obligación de aprobar un plan especial de protección según los plazos que marca la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano y según los condicionantes del permiso de obras de Cultura. También aduce que el PP recalificó en el año 2000 el parque e introdujo en el mismo el vial del trolebús sin contar con el preceptivo permiso de Patrimonio. El grupo socialista también aporta un informe de técnicos de la Conselleria de Cultura donde "se habla de presiones políticas a los técnicos".