El alcalde anuncia que la obra del trolebús en Ribalta se reiniciará de forma inmediata

NACHO MARTÍN CASTELLÓ ?
El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, restó ayer importancia a la decisión de la Fiscalía de incorporar a la Conselleria de Cultura en la investigación penal por el paso del trolebús por el parque Ribalta y anunció que las obras se reanudarán "de forma inmediata" después de un paréntesis de cuatro meses.
Fabra argumentó que la Fiscalía "no ha hecho más que unificar las denuncias" y advirtió que las obras proseguirán gracias a un acuerdo del Consell que ratificó el pasado viernes el "modificado de obra" que, supuestamente, ha mantenido paralizado el proyecto desde el pasado mes de julio.
Según el primer edil, la obra cumple todos los requisitos legales y cuenta con la autorización de la Conselleria de Cultura. "Nosotros tenemos todos los informes preceptivos para poder iniciar las obras. El modificado de obra se desbloqueó el viernes pasado en el Consell y las obras van a comenzar de nuevo". Así respondió el alcalde y diputado autonómico después de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial haya decidido ampliar las diligencias de investigación penal que ya había abierto para investigar a tres altos cargos del Partido Popular debido a posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio.
El decreto considera que hay suficientes indicios de comisión de delito y acumula la denuncia del PSPV a la causa que ya había abierto en respuesta a las acciones legales emprendidas por el partido Iniciativa y la Plataforma SOS Ribalta.
La Conselleria de Cultura se enfrenta ahora una investigación penal por autorizar la obra de la plataforma del trolebús dentro de un parque protegido. En este mismo procedimiento, la fiscalía está indagando la supuesta implicación del alcalde de Castelló -Alberto Fabra-, el vicealcalde -Javier Moliner-, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine.
Los tres dirigentes populares y la Conselleria de Cultura ya han recibido la notificación oficial de la fiscalía en un contexto de oposición social avalado por más de 20.000 firmas ciudadanas y cinco informes desfavorables de organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat de Valencia y Universitat Jaume I.