RAMÓN PARDO CASTELLÓ
El pleno del Ayuntamiento de les Coves de Vinromà acordó el viernes no atender la petición de la empresa Lubasa del pago de dos facturas por valor de 55.000 euros, por unas obras realizadas hace tres años. Se trata, según aclaró ayer el alcalde, el independiente por JPN, Jacobo Salvador, de trabajos realizados al margen de la obra inicialmente contratada e incluida en el plan provincial de de obras y servicios (POYS) que cofinancia la Diputación de Castelló.
Las obras adjudicadas en el mandato del ex alcalde popular, Miguel Zaragozà, tenían un coste de 70.000 euros, según indicó Salvador, y las facturas ahora presentadas por la firma representan un sobrecoste de los trabajos por otros 55.000 euros. "Por ello, al no tener claro este equipo de gobierno a qué corresponden, consideramos oportuno no pagarlas".
Eso sí, antes, en el pleno de finales de octubre, le preguntaron al ex alcalde por esas facturas y desde su grupo se afirmó que "toda la obra estaba pagada" y dijeron desconocer la situación.
Los trabajos por los cuales presenta la factura Lubasa se corresponden con la "nivelación de los caminos, el echar una capa de zahorra y el posterior asfaltado de los mismos". Algo que, añade el alcalde actual, "recogía también el añadido al proyecto que planteó la adjudicataria al recibir el encargo de la obra". La decisión de no atender el pago requerido por la empresa se adoptó con los 5 votos en contra del grupo de gobierno y la abstención del grupo Popular.
Ahora la mercantil tiene tiempo para ejercer las acciones legales que estime oportunas, para lo cual deberá demostrar que hay un documento firmado.
Actualizan valores catastrales
En el pleno también se abordaron temas fiscales. Así, JPN defendió y sacó adelante con su mayoría la propuesta de actualización de los valores catastrales Una medida que, según Salvador, "permitirá lograr que todos paguen por el valor real de sus inmuebles".
Recalcó, en contra de lo defendido por el PP, que no se trataba de "una subida de los impuestos en plena crisis". Al contrario, era "revisar los valores catastrales de algunos inmuebles que no habían sido actualizados desde hace 20 años". Y recordó que la revisión del catastro acordada por el PP fue aplazada el pasado febrero.
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