NOEMÍ OMS BENICARLÓ
El Ayuntamiento de Benicarló podría rescindir el contrato que mantiene con la empresa Seralia encargada de la limpieza de diversas estancias municipales. Los socialistas habían denunciado recientemente el malestar por parte de padres y madres de alumnos del CEIP Ángel Esteban por un presunto déficit de limpieza en dichas instalaciones y la existencia de una carta remitida por el centro el pasado 14 de septiembre mostrando la "insatisfacción" en este mismo sentido.
La carta dirigida por el centro al edil de Contratación, Marcos Marzal, destacaba aspectos como la ausencia de sustitutos en el personal de la limpieza si alguno de los empleados estaba de baja o el que se destinara únicamente a dos personas para la limpieza de un centro que ha crecido en número de aulas.
Ante la queja de este colegio y de otras instalaciones municipales, el consistorio inició una inspección, según reconoció el edil de Educación, Ramón Soriano. "El servicio técnico de Medio Ambiente comprobó que existían algunos defectos. De esta forma se abrió un expediente que ahora está en vía administrativa y del cual podría resultar una sanción bastante fuerte que podría desembocar en la rescisión de contrato", señaló.
Soriano indicó que gracias a este control que están haciendo los técnicos la problemática suscitada en su día "se ha solucionado y que tras haberle efectuado las advertencias necesarias, se ha incrementado el número de operativos de limpieza".
El portavoz del grupo municipal socialista, Enric Escuder, recordó que esta situación la había denunciado la formación hace unas semanas a pesar del comunicado efectuado por la dirección del centro. "Hacía meses que en algunos espacios la limpieza era más que deficitaria, inexistente y lógicamente cuando el PSOE dijo que había habido quejas se dijo con conocimiento de causa porque conocíamos la existencia del informe, las quejas de padres y madres que llevan allí a los niños", señaló y advirtió de la necesidad de extremar la vigilancia en la limpieza de los locales municipales "por el cumplimiento de contrato, por el alto coste económico que supone al consistorio y por respeto a los ciudadanos que utilizan dichas instalaciones".