El PSOE maquilla la inversión estatal

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El Congreso ha rechazado la totalidad de las 30 enmiendas a los Presupuestos Generales presentadas por el PP y ha aceptado sólo las cuatro peticiones de las diputadas socialistas de Castelló, Antonia García Valls y Susana Ros, que se han limitado a pedir 3,5 millones de euros que en su mayor parte sólo benefician a municipios gobernados por el PSPV.
Las solicitudes parlamentarias de los diputados populares exigían una consignación adicional de 43 millones de euros destinada principalmente a los proyectos del AVE, el corredor mediterráneo, el acceso ferroviario sur al puerto, el desdoblamiento de la N-340, la CV-10 entre Vilanova d'Alcolea y el límite con Tarragona, el aumento de frecuencia de los trenes de cercanías a Vinaròs, seguridad ciudadana y equipamientos culturales.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso sólo ha considerado interesantes las propuestas planteadas por sus dos diputadas castellonenses.
Las dos parlamentarias sólo habían presentado cuatro enmiendas valoradas en 3,5 millones de euros y que -salvo la excepción de Peñíscola y Benicarló- han recaído exclusivamente sobre municipios gobernados por el PSPV.
Estas enmiendas incluyen 1,4 millones de euros para la variante de la N-340 Peñíscola-Benicarló-Vinaròs, 400.000 euros para abastecimiento de agua potable en Rossell (municipio del senador Batiste Cardona), 700.000 euros para la variante de la N-340 en Benicàssim y un millón de euros para accesibilidad y ordenación del suelo público en el entorno de la Torre Sant Vicent de Benicàssim, localidad donde la diputada Susana Ros ejerce como edil de Urbanismo. El resto de pueblos de la provincia, incluida la capital de la Plana, han quedado en el olvido. Paradójicamente, los 3,5 millones de euros reivindicados por el Grupo Parlamentario Socialista para la provincia de Castelló coinciden con la cantidad que ha pedido el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, a través de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
En este caso, Fabra también utiliza dos varas de medir y se limita a reclamar 3,5 millones al Consell (PP) mientras exige 95 millones para la capital en sus enmiendas a los Presupuestos Generales elaborados por el Gobierno (PSOE). A la postre, los ciudadanos de Castelló son los que padecerán una caída sin precedentes de la inversión pública.