Piden imputar a la ex alcaldesa de Alcalà y a toda la junta de gobierno por una licencia

V. SALINAS CASTELLÓ ?
Los vecinos de la calle El Barquer de Alcossebre han solicitado al juzgado número 3 de Vinaròs que amplíe las diligencias penales que ahora sigue contra el actual alcalde de de Alcalà-Alcossebre por una construcción que consideran ilegal e incluya también en la investigación por los presuntos delitos de prevaricación y delito urbanístico a la ex alcaldesa del municipio, la socialista Isabel Soriano, y a todos los miembros de su junta de gobierno que aprobaron la licencia para construir el edificio.
El documento de petición para ampliar la querella se presentó oficialmente ante el juzgado el pasado jueves 5 de noviembre, apenas unos días después de que el actual alcalde, el popular Francisco Juan Mars, pisara la sala de justicia para prestar declaración en calidad de imputado al respecto de este edificio y de su construcción, que no se paralizó en su mandato pese a la existencia de informes técnicos de la casa advirtiendo de posibles irregularidades.
Precisamente, si el juzgado número 3 atiende la demanda de los vecinos, la ex alcaldesa de Alcalà y, entre ellos su concejal de Urbanismo, el independiente Vicente Vinuesa, deberán responder ante la justicia sobre la expedición de la licencia en el anterior mandato, cuando ya se disponía de los informes técnicos a los que los vecinos se han acogido para presentar la querella.
Se da la circunstancia de que los tres técnicos municipales que informaron en su día (el secretario, la arquitecta y un técnico de urbanismo) fueron despedidos en 2008.
Precisamente, el titular del juzgado tomará declaración el próximo mes de diciembre a uno de los tres técnicos firmantes en calidad de testigo. Sin embargo, los vecinos denunciantes han asegurado que en la ampliación de querella han dejado abierta la posibilidad de que, fuera del ámbito político, pudiera haber más imputados, ya que se especifica que la denuncia se puede ampliar a cualquier persona que tuviera algún tipo de responsabilidad en el proceso urbanístico. El procedimiento judicial se abrió hace ahora 13 meses cuando la Fiscalía de Castelló decidió abrir diligencias penales tras recibir las denuncias de los vecinos.