´¿Por qué un concejal de urbanismo conduce el BMW de una constructora?´

JORDI RUIZ CASTELLÓ La Audiencia Provincial de Castelló deliberará este mes sobre el caso del PAI Pedrera Port de Burriana, archivado en primera instancia por un juzgado de Vila-real. En su recurso, el fiscal insiste en señalar al concejal de Urbanismo de la localidad, Javier Perelló, por conducir un coche marca BMW a nombre de una empresa constructora con intereses en el municipio.
El fiscal considera en su escrito de apelación ante la Audiencia que la investigación debe proseguir con el objetivo de determinar si la conducta de Perelló, "consistente en utilizar un vehículo de una empresa que ha tenido actuaciones urbanísticas en el municipio puede constituir un delito de cohecho, tráfico de influencias u otra infracción penal". El fiscal no oculta su sorpresa por la justificación del edil, quien alegó haber comprado el coche al empresario Enrique Granell pero sin cambiar la titularidad del vehículo. "No deja de ser curioso que dicho concejal no haya aportado el contrato de transferencia del vehículo ni se hayan gestionado 'los papeles para el cambio de titularidad del vehículo'", comenta.
El representante del ministerio fiscal discrepa con el sobreseimiento dictado por el juzgado. "En el delito de cohecho se protege la rectitud en el funcionamiento del sector público. Esta rectitud o probidad se podrían ver en entredicho ante el hecho de que un concejal de urbanismo conduzca un turismo de una empresa que ha tenido diversas actuaciones urbanísticas concedidas por el ayuntamiento de Burriana".
A continuación lanza una retahíla de preguntas. "¿Por qué el señor Perelló conduce un turismo de una empresa que ha tenido actuaciones urbanísticas en el municipio del que él mismo es concejal? ¿Por qué no se ha hecho la transferencia del vehículo? ¿Dónde está el contrato de compraventa del mismo?". Y añade: "¿Por qué una empresa le ha de 'vender' o dejar su vehículo al concejal de urbanismo? ¿Ha habido algún trato de favor por ello?".

Aroma a Gürtel
El fiscal rebate el argumento del juez en el que señala que la adjudicación de los PAI no depende unilateralmente del concejal de Urbanismo, sino también del resto de integrantes del gobierno municipal. Según el fiscal, "no hay que ignorar la realidad en los órganos municipales, donde rara vez se adoptan decisiones urbanísticas contra el parecer del concejal delegado".
Uno no puede evitar pensar en el "caso Gürtel" cuando el fiscal aborda el concepto de dádiva y discrepa con el juez. A su juicio, "no deja de sorprender" que el fallo judicial "manifieste que para que se integre el tipo de cohecho se requiere necesariamente que la adquisición de la dádiva o presente se haga en propiedad". Añade que "la dádiva ha de tener valor económico, y en ello es general el parecer tanto de la doctrina como la jurisprudencia, pero dicho valor no requiere ser adquirido en propiedad. Puede ser un viaje, una estancia pagada en un hotel, el disfrute de una vivienda, etc. Lo determinante es que el sujeto activo se beneficie de la dádiva con independencia del título adquisitivo".
Por todo ello, el fiscal solicita a la Audiencia que revoque el archivo del caso dictado por el juez para averigaur si Javier Perelló ha podido incurrir en algún tipo delictivo.
El PSPV, que fue el que interpuso la querella inicial, también ha recurrido el fallo y solicita la reapertura total de la investigación contra los cuatro querellados, entre ellos, el ex alcalde de Burriana y hoy senador del PP, Alfonso Ferrada.