El ayuntamiento rechaza las 662 alegaciones al PGOU y prevé aprobarlo en pleno el lunes

NACHO MARTÍN CASTELLÓ ?
El gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha rechazado la totalidad de las 662 alegaciones contra el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 anulado por el Tribunal Supremo y ha convocado un pleno extraordinario para aprobar de forma provisional el documento el próximo lunes, según confirmó ayer el propio gobierno local. Después de once meses de parálisis urbanística, el PP pretende dar carpetazo así a la sentencia que exigió un nuevo proceso de exposición pública por haber privado a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones en 2000.
El informe del coordinador técnico del área de Urbanismo, Javier Vidal, argumenta que la nueva exposición pública sólo obligaba a analizar las modificaciones contra las que los vecinos no pudieron alegar hace nueve años, circunstancia que motivó que el Supremo anulara el PGOU en un fallo emitido el pasado mes de diciembre.
Con este argumento en la mano, el ayuntamiento descarta 617 de los escritos por "improcedentes" y desestima los 45 restantes por razones técnicas. Entre las instancias presentadas destacan más de 100 reclamaciones contra la recalificación de parte del parque Ribalta como vial sin la preceptiva autorización de Cultura, maniobra urbanística que utiliza el equipo de gobierno para propiciar el paso del trolebús por este emblemático jardín histórico.
Respecto a la cuestión de fondo, el Arquitecto Director del Plan General expone que la Conselleria de Cultura informó favorablemente el PGOU en 1998. Sin embargo, no pasa desapercibido que la misma conselleria también ha admitido que nunca emitió la preceptiva autorización para recalificar el parque.
En la misma línea, el gobierno local se niega a incorporar al nuevo plan las sentencias judiciales posteriores a 2000 -incluido el fallo relativo a la Avenida Vila-real- y las exigencias de la legislación ambiental y urbanística aprobada durante esta década.
El consistorio aduce que dichas cuestiones no son requeridas textualmente en el fallo judicial y que se trata de "temas de procedimiento y de tipo jurídico que corresponderá evaluar, en su caso, al tribunal".
En el paquete de alegaciones supuestamente "improcedentes" también destacan más de 30 instancias relativas al Plan Especial de la Marjaleria y alrededor de 20 que se centran exclusivamente en la zona de Cremor.
Otro de los caballos de batalla planteados -en este caso por el grupo socialista- era la petición de que se prohiba la consideración de las rotondas y otras isletas inaccesibles como zona verde, demanda que ha rechazado el ayuntamiento tras negar que el plan permita este tipo de situaciones y asegurar que el criterio del gobierno local "es coincidente con el del alegante en el sentido de no computar las zonas verdes".
Tampoco fueron una excepción los propietarios de la plaza de toros y también recibieron una respuesta negativa a una alegación que pretendía un cambio de calificación urbanística a este espacio dotacional privado "para dar viabilidad al inmueble".
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, destacó ayer que la aprobación del PGOU permitirá "la consolidación de 42 millones de metros cuadrados" de desarrollos urbanísticos que por el momento siguen en una situación de incertidumbre legal que ha paralizado la práctica totalidad de las licencias urbanísticas de la ciudad.
Moliner asegura que los técnicos ratifican su plan. "Tras un duro trabajo de varios meses de los técnicos y personal jurídico del ayuntamiento, a los que hay que agradecer su esfuerzo y rigurosidad en el estudio de las alegaciones, el ayuntamiento eleva por fin al pleno este acuerdo que volverá a dar vigencia al PGOU y permitirá a la ciudad continuar con su programación de crecimiento. Los informes técnicos no dejan lugar a dudas de que se ha hecho el trabajo de forma eficaz y en beneficio de la ciudad".