NACHO MARTÍN CASTELLÓ
Las tres fuerzas políticas del Ayuntamiento de Castelló (PP, PSPV y Bloc) constituyeron ayer por consenso y sin límite de tiempo la comisión de investigación que indagará los pagos millonarios del consistorio a tres empresas vinculadas al sumario Gürtel -Lubasa, FACSA y PIAF- por la posible financiación ilegal del Partido Popular.
Así lo confirmaron ayer los tres grupos municipales al término de un encuentro que respetó el guión que ya había adelantado el alcalde, Alberto Fabra, quien cedió la presidencia al portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, aunque no renunció a mantener una mayoría de cuatro concejales populares frente a dos socialistas y uno del Bloc.
Las condiciones previas de Nomdedéu fueron aceptadas en términos generales y el PP renunciará finalmente a su intención inicial de limitar la vida de la comisión a un máximo de 30 días. Del mismo modo, y a priori, también renunciará a utilizar su mayoría para coartar la investigación y ha manifestado su compromiso de propiciar que las decisiones se adopten por consenso.
Aún así, el PP no ha querido dar concesión alguna al partido que ha solicitado la comisión -el grupo socialista- y la vicepresidencia será para el edil de Economía, Juan José Pérez Macián.
El primer acuerdo adoptado por la comisión da luz verde a que los distintos vocales de la comisión puedan solicitar la documentación antes del próximo viernes con la intención de que ésta quede disponible en un plazo no superior a una semana.
En función de los plazos de la entrega de la documentación, los distintos partidos tendrán la oportunidad de marcar un periodo de estudio y la convocatoria de la segunda sesión para avanzar las investigaciones de la comisión.
El pacto se basa en el compromiso de acceso ilimitado a la documentación y máxima celeridad para cerrar las conclusiones en el periodo de tiempo más breve posible. Además, los tres grupos han consensuado un pacto tácito de no hacer declaraciones públicas que den detalles de las conversaciones en el marco de la comisión.
Con este argumento en la mano, el Partido Popular manifestó que no realizará declaración ninguna al respecto hasta la extinción de la comisión. No obstante, los dos partidos de la oposición sí hicieron una primera valoración. El edil socialista Juli Domingo subrayó es que el objetivo es "limpiar el nombre del ayuntamiento con la mayor celeridad posible". Mientras, Nomdedéu manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de "un órgano de autocontrol democrático".