NACHO MARTÍN CASTELLÓ
El Gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) prevé aprobar el lunes el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 -anulado desde diciembre por el Tribunal Supremo- obviando un informe desfavorable del secretario que insta a adaptarse a la legislación actual y que advierte de un incumplimiento de la ley que prohíbe edificar en zonas verdes. El Secretario concluye que el plan "debe rectificarse antes de proceder a su aprobación".
Así consta en los documentos que sacó ayer a la luz el portavoz del grupo municipal socialista, Juan María Calles, para denunciar que el Partido Popular "vuelve a caer en los mismos vicios y errores que provocaron la anulación judicial del plan y sigue ignorando la opinión de la ciudadanía al no aceptar ni una sóla, ni una, de las 662 alegaciones".
No pasa desapercibido que parte de las alegaciones rechazadas piden precisamente que el plan se adapte a la legislación actual. No obstante, el PP aduce que esta exigencia no aparece textualmente en la sentencia que exige un nuevo proceso de exposición pública porque se privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones en 2000.
El secretario advierte que el PGOU repite "las mismas deficiencias" que en 2000 -salvo el trámite de información pública- e incide especialmente en la necesidad de cumplir el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado por el Consell en 2006.
El informe expone que tanto esta normativa como la Ley Estatal sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (reglamentada por decreto de 1978) prohíben la posibilidad de construir en zona verde, práctica que el PGOU autoriza para alzar edificios dotacionales de hasta 2.500 metros cuadrados en superficies de 25.000 metros cuadrados. A juicio del secretario, la ordenanza de zonas verdes "desvirtúa el destino de la zona verde en los metros que se ocuparán por dicho edificio, aunque fuera dotacional".
Asimismo, recuerda que dicho reglamento exige unas condiciones mínimas para las zonas verdes. El artículo 128 de la normativa establece que "nunca se destinarán a zona verde porciones residuales" y que las rotondas "no podrán computar como parte de las zonas verdes". Este es precisamente el sentido de una de las alegaciones del grupo socialista que ha sido rechazada por el PP.
Moliner alega que se acoge al criterio de
la asesoría jurídica
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Javier Moliner, no explicó ayer por qué se obvian las rectificaciones del plan que pide el secretario municipal y se limitó a argumentar que el proceso "se ha realizado siguiendo estrictamente el consejo técnico de la asesoría jurídica", departamento que emite un escueto informe que ratifica la posibilidad de aprobar el PGOU en pleno, aunque admite que el documento se elaboró sin ni siquiera estudiar el expediente. "Aunque no se dispone del expediente tramitado, parece ser que no se van a tomar en consideración las alegaciones efectuadas, a la vista de los informes técnicos y jurídicos emitidos", explica el informe de la asesoría jurídica.
Tras un encuentro con el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Castelló (APECC), Fermín Renau, Moliner manifestó que la anulación del plan no ha afectado al sector y el ayuntamiento "ha podido seguir trabajando con absoluta normalidad y acogiendo todas las iniciativas económicas que han surgido". El plan será aprobado el lunes en pleno extraordinario y será remitido al Consell para su ratificación.