J. ANTEQUERA CASTELLÓ
Otros ocho empleados de cuatro entidades bancarias de Castelló -BBVA, BSCH, Caixa Galicia y Banco Guipuzcoano- prestaron declaración ayer, como testigos, por el caso Fabra. Se trata de cajeros que supuestamente gestionaron al menos 146 ingresos en metálico y cheques en las cerca de 100 cuentas corrientes que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, tenía abiertas en el año 99 como titular, cotitular o persona autorizada.
Al igual que hicieron sus compañeros de otras tres entidades que pasaron el miércoles por el juzgado de Nules, los testigos aseguraron que no se acuerdan de quién hacía los ingresos en metálico a nombre de Fabra.
Sólo uno de ellos, al parecer un empleado del Banco de Santander, reconoció que José Salvador del Campo, chófer del mandatario del PP, realizó algunas transferencias.
El informe que Hacienda llevó al juzgado como parte de su querella por fraude fiscal revela que el líder provincial del PP recibió al menos 11 ingresos en metálico en un solo día: el 30 de julio del año 99. Las cantidades están perfectamente desglosadas por los inspectores de la Agencia Tributaria que fiscalizaron la situación patrimonial del político popular. Así, ese día Fabra se apuntó un ingreso por importe de 300.000 pesetas, 2 por 500.000, 3 por 800.000, 4 por 900.000 y uno más en efectivo por 1.500.000 pesetas.
Además, el lunes 2 de agosto Fabra realizó otros siete ingresos fraccionados en el BSCH y otros bancos por 30.000 euros, y en los 10 días siguientes hay constatadas nuevas entradas en sus cuentas, hasta superar los 116.000 euros.
Según consta en la denuncia de la inspección de Hacienda, esta forma de actuar era relativamente habitual para Carlos Fabra, e ingresos de este tipo vuelven a repetirse a lo largo de los ejercicios 1999 y 2000.
600.000 euros ingresados
En total, Fabra ingresó más de 600.000 euros en sus cuentas, lo que dio origen a una cuota defraudada de al menos 300.000.
El juez asignado al caso, Jacobo Pin, tratará de determinar si la actuación de los bancos y cajas que tramitaron las operaciones de Fabra cumplieron con la Ley Sobre Blanqueo de Capitales, que ordena a las entidades financieras que detecten ingresos por grandes cantidades sin justificar que lo pongan en conocimiento del Gobierno.
La cuestión ahora es si las entidades financieras pueden acreditar el origen y la procedencia de estas operaciones y si informaron de ellas, como establece la ley. Fabra no lo hizo durante la inspección fiscal a la que fue sometido durante meses.
Precisamente hoy pasará por el Juzgado de Nules Antonio Bonet Arzo, gerente de Quimicer y ex máximo accionista del CD Castellón. Previsiblemente Pastor preguntará a Bonet si realizó transferencias a las cuentas de Fabra, que figura como imputado en un supuesto delito fiscal.
