La Fiscalía archiva la causa del trolebús en Ribalta por falta de indicios penales

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castelló ha decidido archivar las diligencias penales contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta al considerar que no existen suficientes indicios para demostrar supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio de la Conselleria de Cultura y tres altos cargos del Partido Popular, según confirmaron ayer fuentes próximas la Audiencia Provincial. Durante cinco meses la Fiscalía ha indagado la supuesta implicación de la Conselleria de Cultura, el alcalde de Castelló -Alberto Fabra-, el vicealcalde -Javier Moliner-, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine.
El procedimiento se inició a raíz de tres denuncias consecutivas del partido Iniciativa, la Plataforma SOS Ribalta y el grupo municipal socialista. Por lo pronto, SOS Ribalta anunció ayer que, ante el archivo de la Fiscalía, tiene la intención de emprender acciones judiciales directamente ante el juzgado y reactivar nuevas movilizaciones vecinales.
El archivo de la causa sale a la luz en un contexto de oposición social avalado por más de 20.000 firmas ciudadanas y cinco informes desfavorables de organismos consultivos de la Generalitat (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat de Valencia y Universitat Jaume I de Castelló).
Las denuncias interpuestas por la Plataforma SOS Ribalta, Iniciativa y el PSPV argumentaban que al menos tres dirigentes del Partido Popular podrían haber incurrido en un comportamiento delictivo por haber adoptado decisiones que supuestamente suponen una agresión contra un patrimonio protegido y por ser al tiempo conocedores de la supuesta ilegalidad de las actuaciones. SOS Ribalta, formada por más de una veintena de colectivos castellonenses, expone un mínimo de 8 supuestas irregularidades motivadas por decisiones políticas en la ejecución del proyecto de la plataforma del Tram dentro del parque Ribalta.
La plataforma alega que el parque Ribalta constituye una unidad protegida como Bien de Interés Cultural desde 1981 y que el Ayuntamiento de Castelló incumple desde 1999 su obligación de aprobar un plan especial de protección según los plazos que marca la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano y según los condicionantes del permiso de obras de Cultura. También aduce que el PP recalificó en el año 2000 el parque e introdujo en el mismo el vial del trolebús sin contar con el preceptivo permiso de Patrimonio.
Las argumentaciones de Iniciativa y del PSPV coinciden en su práctica totalidad, con la salvedad de que el grupo socialista también aporta un informe de técnicos de la Conselleria de Cultura donde "se habla claramente de presiones políticas a los técnicos para autorizar el paso del TVRCAS (trolebús) y se pide la intervención de los servicios jurídicos de la Generalitat frente a una licitación de obra que se aprobó sin contar con el preceptivo dictamen de Cultura".
La Fiscalía entiende que estos hechos no son suficientes y tampoco ha creído conveniente la solicitud de informes periciales adicionales, el testimonio de expertos en la protección del patrimonio cultural o la declaración de las autoridades y funcionarios implicados en el proyecto.
Mientras tanto, las obras dentro del parque siguen paralizadas desde junio por un "modificado de obra", aunque la Generalitat y el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, aseguran que su reanudación es inminente.