NACHO MARTÍN CASTELLÓ
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El vicealcalde de Castelló, Javier Moliner, compareció ayer en rueda de prensa para manifestar que el archivo de las diligencias penales por el proyecto del trolebús en Ribalta "ha restituido la dignidad del alcalde de esta ciudad (Alberto Fabra)" y en primer lugar quiso "agradecer el trabajo realizado por la Fiscalía, el rigor de su investigación y la labor de los cuerpos de seguridad del Estado".
Moliner convocó una rueda de prensa urgente después de que saliera a la luz pública que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castelló ha decidido archivar las diligencias penales contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta -protegido como Bien de Interés Cultural- al considerar que no existen suficientes indicios para demostrar supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio de la Conselleria de Cultura y tres altos cargos del Partido Popular.
Arropado por su portavoz adjunta y por el edil de Economía, Marta Gallén y Juan José Pérez Macián, el vicealcalde sacó pecho y alabó la labor de "una entidad del respeto y del rango de la Fiscalía que ha desautorizado al PSOE". A juicio de Moliner, la actuación del fiscal "da carpetazo a las denuncias y ha demostrado una vez más quién trabaja por los castellonenses y quién contra los castellonenses".
Durante cinco meses, la fiscalía ha mantenido abiertas diligencias penales para investigar la supuesta implicación de la Conselleria de Cultura, el alcalde de Castelló -Alberto Fabra-, el vicealcalde -Javier Moliner-, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine. Finalmente, la Fiscalía entiende que estos hechos no son suficientes y tampoco ha creído conveniente la solicitud de informes periciales adicionales, el testimonio de expertos en la protección del patrimonio cultural o la declaración de las autoridades y funcionarios implicados en el proyecto.
El procedimiento se inició a raíz de tres denuncias consecutivas del partido Iniciativa, la Plataforma SOS Ribalta y el grupo municipal socialista en un contexto de oposición social avalado por más de 20.000 firmas ciudadanas y cinco informes desfavorables de organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politécnica de Valencia, Universitat de Valencia y Universitat Jaume I de Castelló).
Sin embargo, el PP obvió ayer la existencia de la Plataforma SOS Ribalta y la oposición del mundo académico para lanzar un ataque dirigido exclusivamente contra el principal partido de la oposición. "La Fiscalía ha dado carpetazo a cinco meses de descalificaciones de los socialistas, que sólo quieren entorpecer el desarrollo de la ciudad, contra el equipo de gobierno". Moliner no dio plazo para el reinicio de la obra y cargó contra el portavoz del grupo municipal socialista, Juan María Calles, y le exigió "disculpas públicas" al tiempo que le acusó de estar llevando a cabo "la política más rastrera y más mezquina de la era democrática en esta ciudad".
El portavoz adjunto del grupo municipal socialista de Castelló, Mario Edo, cuestionó ayer la "doble vara ética" del PP, el cual "apoya las decisiones de la Fiscalía Provincial cuando archiva la agresión urbanística en el parque Ribalta, pero se desentiende cuando la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de cárcel para el concejal y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por presuntos delitos de corrupción". "El PP instrumentaliza las decisiones judiciales en función de su interés político". Edo recordó que el caso "continúa abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el PSPV. "No nos extraña que la Fiscalía haya archivado el caso, porque sin realizar ninguna diligencia, ni recabar la declaración de ningún testimonio, pocos elementos de juicio había para seguir investigando".