Los empresarios reiteran su fractura con el PSPV por la querella de Gürtel

R. LAGUNA VALENCIA ?
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval) y sus tres confederaciones territoriales -CEV, Coepa y CEC- lamentaron ayer que "no se haya aprovechado la oportunidad de atender las peticiones que se hicieron desde el mundo empresarial para dejar fuera de la querella planteada por el PSPV-PSOE a las empresas denunciadas".
La patronal reiteró ayer su malestar con la dirección de los socialistas valencianos en un comunicado, tras el acto de ratificación de la querella, celebrado ayer por los cuatro diputados firmantes de la misma. Ángel Luna, Cristina Moreno, Carmen Ninet y Joaquim Puig se presentaron ayer puntuales en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia para otorgar el poder especial al procurador y ratificarse en la querella. "El siguiente paso es que la Sala lo admita a trámite", declaró Luna.
La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, más 16 altos cargos del PP y empresarios por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.
En este sentido, las organizaciones empresariales reiteraron su "defensa de la honorabilidad de los empresarios de la Comunitat Valenciana", considerando como "injusta la utilización de cualquier empresa en planteamientos políticos".

Ceres, ponente
Cierval apeló "a la presunción de inocencia, que constituye un pilar básico del Estado democrático, garantizado por la Constitución", y pidió "respeto hacia la actividad empresarial, especialmente en estos momentos de graves dificultades económicas por las que atraviesa la economía".
Los diputados llegaron a las dos de la tarde. En menos de diez minutos, se ratificaron ante el ponente nombrado por la Sala de lo Civil y Penal, José Ceres, y firmaron la querella ante la secretaria. Ceres fue, junto a De la Rúa, el magistrado que decidió archivar el presunto cohecho de los trajes de Camps. Montero emitió un voto contrario.
Los socialistas habían presentado la querella con un poder general, pero la Sala requirió uno especial para este procedimiento.
Tras subsanar este defecto formal, Luna declaró que el PSPV "ha cumplido con su obligación, porque ha tenido conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior mediante una querella". Preguntado por la investigación del juez Pedreira, en Madrid, Luna explicó que "tendría que inhibirse en favor de este Tribunal o elevar el asunto al Supremo, ya que afecta a cinco aforados valencianos".