El PP veta que El Bigotes aclare en las Corts sus trabajos para la visita del Papa

El fiscal general pide a la presidenta de la Cámara que deje a Cabedo presentar su memoria

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Camarasa y Maluenda conversan en las Corts.
Camarasa y Maluenda conversan en las Corts.  efe/j. c.

J. RUIZ/AGENCIAS VALENCIA ?El PP impuso ayer su mayoría para impedir que el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, comparezca en la comisión de Coordinación de las Corts para aclarar su intermediación en los actos organizados por la Fundación V Encuentro de las Familias con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. El PSPV había solicitado que El Bigotes fuera a la Cámara para explicar "la probable participación" del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, "bien directamente, bien mediante servicios de intermediación con empresas tapadera por las que, según los socialistas, podría haber logrado "jugosos beneficios".
La red de Correa cobró al menos 957.000 euros en comisiones que se derivaron presuntamente de un contrato entre la constructora Teconsa y Canal 9 para dar cobertura a cambio de 6,4 millones de euros de los actos de la visita del Pa?pa, según informes de la policía judicial. Además, una de las empresas investigadas, la sociedad patrimonial Castaño Corporate recibió 230.000 euros como ingresos vinculados a las actividades de la Fundación.
El diputado José Camarasa defendió la necesidad de que se aclare el uso de los fondos "mayoritariamente públicos" de la Fundación V Encuentro que se ha mostrado "renuente a explicar sus actividades y contratos". En opinión del diputado, la trama podría haber "medrado" gracias a las actividades de la fundación y el "trilerismo financiero" utilizado para "pegar el pelotazo" tras la adjudicación de Canal 9 a Teconsa de los servicios de sonorización de la visita papal.
Como era previsible, los populares se opusieron a la petición de llevar a El Bigotes a las Corts al considerar que era una "charlotada" del PSPV, que sólo busca sacar "rédito político" del escándalo. La diputada popular Asunción Quinzá indicó que el PP no participará en "el circo mediático" que, a su juicio, buscan los socialistas y se escudó en que el caso está sub iudice. Para la parlamentaria, los socialistas "están desesperados"y tratan de alargar es?te tema "como si fuese un chicle", por lo que apeló al rigor y a la seriedad y a centrar lo debates en los temas que "preocupan a los ciudadanos".
Por su parte, Mireia Mollà (Compromís) y Marga Sanz (EU) respaldaron que Álvaro Pérez rinda cuentas, ya que su empresa ha recibido numerosos contratos públicos.
El debate, que alcanzó varios momentos de tensión, no sólo tuvo un nombre propio. Los populares, conscientes de que la petición socialista sobre El Bigotes, acapararía la atención mediática optaron por resucitar su última polémica con la vicepresidente primera del Gobier?no, María Teresa Fernández de la Vega a cuenta de su anuncio de que la Fiscalía recurriría el archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat de la causa de los trajes contra Francisco Camps. Fuera del orden del día, el presidente de la comisión de Coordinación, Rafael Maluenda, presentó un escrito cuya finalidad era reprobar a De la Vega por una supuesta "ofensa" a las Corts. Según el PP, el escrito que el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales envió al Parlamento en el que alertaba de la "incompetencia" que supuso el requerimiento para que De la Vega compareciera era "una falta de consideración" y un "insulto" a les Corts. Basándose en este escrito, Maluenda forzó una votación en la comisión para solicitar una rectificación a la vicepresidenta.
Los socialistas se abstuvieron en la votación para no participar en la "astracanada" e indicaron que la interpretación del escrito era "manifiestamente vejatoria". Para Mollà el informe del PP era "absurdo".
Por su parte, la comisión dio cuenta del escrito que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dirigido a presidenta de Les Corts para que en sucesivos ejercicios, permita que el fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, pueda presentar la memoria anual al entender que ha habido "obstáculos reglamentarios" para su comparecencia.

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