Otro tema que levantó la polémica entre ambas concejalas fue los honorarios del letrado que lleva los asuntos jurídicos del Ayuntamiento de la Vall. La concejala de Interior aseguró que este abogado recibe de forma anual 30.000 euros "por todos los trabajos que haga independientemente de las veces que nos represente jurídicamente". Así, Vicente-Ruiz criticó que en la anterior legislatura socialista los representantes jurídicos del consistorio recibían un sueldo fijo de forma anual pero "también una minuta por cada asunto legal que llevaban a cabo, lo que resultaba mucho más caro para las arcas municipales".
Por su parte, Mª Dolores Algar afirmó que en la anterior legislatura se contrataban los servicios de un abogado "en función del problema que surgiese porque no es lo mismo que se necesite un asesoramiento en relación a la creación de puestos de trabajo que una defensa penal". Algar confirmó que sí se contrató los servicios de un despacho de abogados laboralistas a los que se les abonó 12.000 euros "porque se necesitó de forma puntual su asesoramiento". l. morenola vall d'uixó