JORDI RUIZ CASTELLÓ
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Carlos Fabra desautorizó ayer a su vicepresidente primero, Francisco Martínez, y revocó el decreto firmado por este último para asignar al ayuntamiento de Vall d'Alba los servicios jurídicos de la diputación.
Como avanzó Levante de Castelló, Francisco Martínez aprovechó la ausencia de Carlos Fabra y su condición de presidente accidental de la diputación para firmar, el pasado 9 de septiembre, una resolución que permitía al ayuntamiento de Vall d'Alba, del que es alcalde, disponer de dos abogados y una procuradora de la institución provincial en un pleito contra el PSOE, motivado por la negativa de Martínez a que se graben las sesiones plenarias en su ayuntamiento.
Ayer Fabra dejó en evidencia a su vicepresidente primero y alcalde de Vall d'Alba. Anunció en el pleno que los abogados no cumplirán el cometido que les encomendó Francisco Martínez. Según explicó, tras recabar la opinión del secretario de la diputación, éste informó que no se pueden utilizar los medios de la institución provincial para una "cuestión política" entre los dos grupos con representación en el ayuntamiento de Vall d'Alba. Una negativa que supone una desautorización en toda regla para el número dos de Fabra, acostumbrado a acaparar los recursos de la diputación para derivarlos a su ayuntamiento, aprovechando su doble condición de vicepresidente y alcalde.
Como ya relató este diario, Francisco Martínez no deja filmar, fotografiar o grabar el audio de las sesiones plenarias del consistorio que dirige. Una prohibición inusual, ya que la inmensa mayoría de ayuntamientos permite el paso a las cámaras y grabadoras, al igual que la diputación de la que él forma parte. El PSOE ha pedido varias veces que se levante esta prohibición, al entender que los plenos son de interés general y tienen derecho a difundir las imágenes de lo que allí sucede. Ante la negativa de Martínez, los tres concejales socialistas han acudido a los tribunales.
La explicación que dio el alcalde a este diario de la prohibición es que no hay ninguna obligación legal de realizar grabaciones audiovisuales del pleno. Sin embargo, el PSOE no exige la obligatoriedad, sino el derecho a que se graben la sesiones en el ayuntamiento de Vall d'Alba.
