RAMÓN PARDO CASTELLÓ
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benicàssim mostró ayer su intención de adoptar "medidas jurídicas" para defender los "intereses del municipio" en el proceso seguido para la adjudicación del PAI Pontazgo, al tiempo que descarta que haya incurrido en prevaricación, al ajustarse a la ley. Fue esa adjudicación la que motivó la querella de la empresa Iniciativa Aquaspa, cuyo representante legal es el ex conseller Joaquín Farnós, y que ha llevado al Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló a abrir una investigación para ver si el grupo de gobierno y el secretario han cometido una posible prevaricación.
Además de la defensa jurídica de los intereses del municipio, el gobierno local ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus convecinos reafirmándose en la legalidad de las decisiones de desarrollo urbanístico adoptadas. Todas "han venido avaladas por los informes técnicos necesarios" y se han adoptado "con total transparencia".
El gobierno local censura el proceder de algunas personas, en alusión al grupo que representa Farnós. "Lamentablemente, en algunas ocasiones, determinados intereses particulares no entienden esta forma de actuar y usan todas las argucias posibles para entorpecer la labor municipal y frenar algunas iniciativas claramente beneficiosas para Benicàssim".
Al tiempo, desde el consistorio benicense advierte que aún no tiene conocimiento "ni legal, ni oficial del caso, más allá de lo publicado en los medios de comunicación". Por eso se encuentra indefenso al no conocer las últimas actuaciones acordadas.
La denuncia se basa en que el grupo de gobierno de Francesc Colomer modificó de "forma totalmente ilegal" el contrato por el que en marzo de 2003 se adjudicó a Altiplá la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada (PAI) Pontazgo, "sin justificar el concreto interés general que con ello se persigue, cual es la motivación concreta que, además, debe ser imprevista, es decir que no se hubiera podido tener en consideración con anterioridad".
La modificación en cuestión supuso que se cambiara, apuntan los denunciantes, el proyecto inicial de construir un aulario y se optase por hacer un Spa, cuando a poca distancia está el hotel de termas marinas El Palassiet.