Fabra incumple en la diputación el plan por la transparencia y contra la corrupción de Rajoy

JORDI RUIZ CASTELLÓ
Mucho tendrá que aplicarse el presidente de la diputación, Carlos Fabra, si quiere acatar el documento impulsado por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Fabra incumple varios de los puntos del paquete de 50 medidas propugnado por su partido.
La propuesta auspiciada por Rajoy sólo habla de la necesidad de evitar que los cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas. Carlos Fabra no está en esta situación, pero sí que se le imputan varios delitos y hay una petición formal de dos años de prisión por parte del fiscal. En una situación similar está su vicepresidente segundo, Vicent Aparici, para quien el fiscal solicita siete años de cárcel y ocho de inhabilitación por el caso de los vertidos del Garrut de la Vall d'Uixó.
El "Pacto por la transparencia y la corrupción" también menciona la conveniencia de garantizar la libre concurrencia y publicidad en la contratación y en la concesión de ayudas. Respecto a este último aspecto, la diputación ha fomentado la firma de convenios singulares, fuera de los planes reglados, con ayuntamientos y colectivos, lo que da un amplio margen para la arbitrariedad. Sobre la contratación de personal, Fabra se ha dedicado en los últimos años a colocar a dedo a una amplia nómina de asesores (más de 30, con un gasto anual de 1,2 millones de euros) sin que medie concurso público. La extensa plantilla de cargos de confianza también vulnera el principio de austeridad económica y la petición de Rajoy de que se limite la cifra de asesores.
El PP nacional propone que se racionalice el uso de vehículos oficiales y limitar el gasto en teléfonos móviles, publicidad, protocolo y viajes. Sonado fue el caso de la diputada del PP Esther Pallardó, que durante meses cargó a la diputación 55 kilómetros por cada desplazamiento de ida y vuelta que realiza en su vehículo privado entre Burriana y Castelló, cuando la distancia es la mitad. Con el agravante de que muchos días viajó en coche oficial para ir a los mismos sitios a los que teóricamente fue con el suyo particular.

Corbatas de seda
La propia Pallardó ha disparado los gastos del departamento de comunicación. Recientemente se aprobó un pago de 30.000 euros para que la cadena ultraconservadora Intereconomía, de difusión limitada, realizara un programa desde Castelló. El programa no se ha emitido aún. Se supone que el decálogo de Rajoy no aceptaría que una institución como la diputación de Castelló se gaste casi 85.000 euros para comprar 1.500 corbatas de seda de siete pliegues y 500 "pashminas" (pañuelos de mujer) personalizadas para regalos corporativos.
El documento por la transparencia del PP aconseja hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos. Cuando estalló su escándalo judicial y trascendió el importante aumento de su patrimonio, el líder provincial hizo pública una declaración de bienes en la que no hizo constar varias de sus propiedades, como un chalet y dos coches de lujo.
El decálogo de Rajoy señala que hay que limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada. El PP en la diputación aprobó a principios del presente mandato una resolución que faculta al presidente Carlos Fabra para que siga simultaneando, con limitaciones, su cargo público con su actividad privada de abogado y corredor de seguros. Ello a pesar de tener la dedicación exclusiva y unos emolumentos brutos anuales de 92.400 euros.
Y un incumplimiento flagrante es el del artículo que reza que hay que "separar las actividades oficiales de las del partido". Fabra reúne sistemáticamente a la dirección del partido en la diputación.