NACHO MARTÍN CASTELLÓ
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El gobierno del Ayuntamiento de Castelló anunció ayer que estudiará recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula una de las bases del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y le obliga a devolver una parte del tributo abonado por la empresa British Petroleum (BP).
La concejalía de Hacienda considera que el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) invalida una modificación aprobada en 2005 cuyo propósito "era aminorar la tributación de las pequeñas empresas, y que fueran las grandes firmas que tienen importantes y mayores beneficios económicos quienes pagaran más".
Con este argumento en la mano, el edil de Economía, Juan José Pérez Macián, adelantó su intención de acudir al alto tribunal. "Siguiendo este criterio, del que estamos convencidos, se estudiará la conveniencia de recurrir ante el Supremo para tratar de beneficiar al pequeño empresariado castellonense".
Por el momento, el ayuntamiento no ha querido facilitar cifras de la repercusión que tendrá la sentencia para las arcas municipales y no clarificó el coste que supondrá en el caso de que otras compañías puedan acogerse a la jurisprudencia del tribunal y reclamar devoluciones de años anteriores.
El edil tampoco se aventuró a explicar los ingresos que el ayuntamiento podría dejar de percibir en los próximos años. "En este proceso contencioso-administrativo no se plantea ni se debate cuantía alguna de devolución económica ya que se trata de una resolución de contenido puramente jurídico que 'per se' no obliga a devolución alguna de dinero. La sentencia anula una base de la ordenanza, pero en ningún caso habla de devoluciones, compensaciones o retroactividad". Sin embargo, Macián reiteró su voluntad de recurrir ante el Supremo para "favorecer" al pequeño empresario. "Siguiendo este criterio, del que estamos convencidos, se estudiará la conveniencia de recurrir ante el Supremo para tratar de beneficiar al pequeño empresariado. El ayuntamiento tiene muy claro que su principal apoyo debe dirigirse hacia los pequeños empresarios. Por eso, la política es aplicar el pago de un mayor IAE a las grandes empresas".