J. MESTRE CASTELLÓ
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Sindicatos y asociaciones de padres de la plataforma por la Enseñanza Pública reprochan desde hace años a la Generalitat Valenciana su falta de control en el proceso de matriculación de los colegios concertados, centros de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos. Un informe del Consejo Local de Educación de Castelló capital del curso 2009/2010 parece darles la razón. El estudio constata cómo los centros subvencionados han hinchado este ejercicio sus cifras de matriculación, una práctica que, según denunció ayer UGT, ha recibido la anuencia de la Generalitat.
Los seis concertados de Castelló sobrepasan su ratio en 249 alumnos, y los colegios públicos cuentan con 801 vacantes, según refleja el documento al que ha tenido acceso este diario. La Consolación tiene un exceso de 54 estudiantes, Ramiro Izquierdo de 55, Vedruna de 54, las Escuelas Pías de 29, Gran i Menuts de 38 y Lope de Vega de19. El delegado de Educación del sindicato UGT, Laureà Puig, afirmó que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora "posibilita la ruptura de la ratio a los centros concertados por presiones políticas", y lo acusó por ello de "prevaricación". Puig advirtió que esta permisividad del Gobierno valenciano provoca desajustes en el sistema educativo y empeora la calidad tanto de la enseñanza pública como la concertada. El principal desbarajuste, según el informe, se aprecia en el distrito 2 de la ciudad. En éste, los colegios públicos Sanchis Yago y Bisbe Climent disponen de 93 y 29 vacantes respectivamente mientras el concertado de la Consolación ha cerrado su matrícula con 54 alumnos de más.
Puig lamentó que el Consell haga la vista gorda en los procesos de escolarización de los centros privados que reciben dinero público, y exigió un reparto "justo" del alumnado entre la educación pública y concertada.
Una matriculación equitativa en las dos enseñanzas, máxime cuando la segunda recibe fondos públicos, es una de las principales reivindicaciones de la escuela pública ante la Generalitat. Los colegios públicos acaparan al alumnado inmigrante y a los jóvenes con algún tipo de discapacidad . Por su parte, los concertados seleccionan en la práctica a su alumnado casi a la carta. Esta semana, por ejemplo, una madre denunció que la Consolación se negó a matricular a su hijo, con síndrome de Down. El centro alegó que carece de los medios necesarios para su escolarización. Sin embargo, los sindicatos alertan que la concertada elude pedir las unidades de apoyo.
Y los seis concertados de Castelló, ya no sólo sobrepasan la cifra de estudiantes permitida, sino que además obvian las unidades en valenciano. Sólo uno de los seis (Lope de Vega) ofrece clases en esta lengua.
El Consell suele excusarse en la libertad de elección de los padres para justificar su política. "El derecho a la educación está por encima. Quien no quiera ir a la pública que vaya a la privada, pero entre los públicos y concertados ha de haber un reparto equitativo", añadió Puig.
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