El Consell obvia desde 2007 la denuncia de 40 vecinos por deficiencias en viviendas del IVVSA

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La Oficina Municipal del Consumidor y la Generalitat Valenciana bloquean desde hace dos años una denuncia de cuarenta vecinos de la avenida Sos Baynat por las deficiencias de construcción de un edificio de viviendas protegidas promovido por la propia conselleria a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).
El silencio del Consell ha perpetuado la impotencia y la indignación de una comunidad de propietarios que advierte que ya ha se ha decidido a interponer acciones ante los tribunales a menos que la Generalitat dé una respuesta razonable antes de final de año.
Fachadas inacabadas, portales sin acceso para minusválidos, cableados al descubierto, humedades, inundaciones constantes del garaje, desprendimientos, portales sin cerradura, deficiencias en los ascensores, salidas de garaje sin espacio, canalizaciones de gas al descubierto, WC sin pavimentar, escaleras defectuosas, puertas torcidas, fugas en los desagües...
La lista de supuestos defectos de construcción presentada por los vecinos, y rubricada por el informe pericial del Arquitecto Técnico Pascual Fuster García, es tan larga como la desesperación de unos propietarios que se sienten engañados ya no por una empresa privada, sino por la propia Generalitat Valenciana.
Asimismo, la comunidad subraya que entre las 40 viviendas sólo hay una habilitada para personas discapacitadas y a fecha de hoy ni siquiera se ha adjudicado a pesar de que existen dos vecinos con movilidad reducida.
Los problemas detectados en las viviendas surgieron desde el mismo día de la entrega de llaves de una promoción inmobiliaria llevada a cabo por la gestora de vivienda pública de la Generalitat Valenciana en una zona eminentemente nueva de la ciudad como es el entorno de la Universitat Jaume I.
Según explicó el presidente de la comunidad de propietarios, Jesús Monge, la situación es insostenible. "No podemos aguantar más vivir en un bloque donde las puertas no cierran, hay inundaciones, las obras están inacabadas y no hay espacio para sacar el coche del garaje sin tener que subirte en el bordillo. La Generalitat y la Oficina Municipal del Consumidor no nos han escuchado durante dos años. Nos sentimos estafados, y lo peor es que nos lo ha hecho una Administración pública que se supone que tiene que proteger nuestros derechos. Ahora estamos decididos a acudir a los tribunales".
Además de los problemas constructivos y de acabados de obra básicos, la reclamación vecinal hace especial hincapié en las barreras arquitectónicas para las personas discapacitadas que habitan el inmueble. "No hay ni un sólo acceso para discapacitados, lo cual limita mucho la calidad de vida de estas personas y de sus familias. Hay dos personas que sufren este problema en el edificio. Y tampoco han adjudicado el único piso adaptado que hay en la finca. Mire, hoy por ejemplo, voy a tener que enfrentarme otro día más al reto de ayudar a ducharse a mi hermano. No podemos más".