El ayuntamiento no podrá recurrir la sentencia que anula las bases del IAE

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La sentencia que anula las bases del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del Ayuntamiento de Castelló -tras dar la razón a una demanda judicial de British Petroleum (BP)- es firme y el consistorio no podrá interponer ante el Supremo el recurso que anunció la Concejalía de Economía, según precisaron ayer fuentes próximas al tribunal.
La sentencia anula la modificación de la ordenanza fiscal que ratificó en 2008 un aumento de la carga impositiva y la notificación oficial subraya que la decisión "es firme y no cabe recurso ordinario alguno".
Los magistrados coinciden con los argumentos jurídicos de BP y consideran ilegales las dos categorías de vías públicas según las cuales se calcula la tributación, que depende de la ubicación y de los servicios municipales de los que se beneficia la zona.
Por un lado, el tribunal considera que las modificaciones que utilizó el ayuntamiento para elevar el IAE que pagan las empresas carecen de argumento y que la motivación de la memoria del alcalde, Alberto Fabra, "es genérica e insuficiente". Según el tribunal, la modificación tributaria del ayuntamiento no obedeció a "criterios razonados y razonables" y no permite "deducir con claridad cuáles han sido esos criterios".
En segundo lugar, los magistrados de la sala advierten que la modificación de los coeficientes del impuesto vulneró el artículo 88 de la Ley de Haciendas Locales, dado que "la diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría inferior o superior no podrá ser menor de un 0,10". Este precepto no se cumple en las dos únicas categorías que fijó el ayuntamiento, cuyos valores pasaron de 1,20 y 1,30 respectivamente a 1,51 y 1,63.

El PP no da cifras
El gobierno del Ayuntamiento de Castelló anunció el pasado 30 de noviembre su intención de estudiar un recurso ante el alto tribunal. El concejal de Economía, Juan José Pérez Macián, alegó que la modificación fiscal "tenía el propósito de aminorar la tributación de las pequeñas empresas, y que fueran las grandes firmas que tienen importantes y mayores beneficios económicos quienes pagaran más. Siguiendo este criterio, se estudiará la conveniencia de recurrir ante el Supremo para tratar de beneficiar al pequeño empresariado castellonense". El ayuntamiento no ha querido facilitar cifras de la repercusión que tendrá la sentencia para las arcas municipales y no clarifica el coste que supondrá en el caso de que otras mercantiles puedan acogerse a la jurisprudencia del tribunal y reclamar devoluciones. No obstante, no pasa desapercibido que sólo BP factura cada año un IAE que supera el medio millón de euros.
El vicealcalde, Javier Moliner, tampoco quiso precisar si modificará la ordenanza o volverá a aplicar la misma normativa fiscal en 2010 a sabiendas de que su artículo 3 de la ordenanza fiscal no se ajusta a derecho.