LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
El Partido Popular ha votado también en contra, en les Corts Valencianes, a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el 2010, que pedía a la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas más dotación económica para garantizar el pago a los abogados que prestan el servicio público de turno de oficio, ya que la Generalitat mantiene una importante deuda con los diferentes Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana por dichos servicios prestados desde hace meses.
El secretario de Libertades Públicas del PSPV-PSOE de la provincia, José Benlloch, ha recordado que la Conselleria de Justicia ha hecho efectivo tan sólo el 22% del total certificado del segundo trimestre del turno de oficio de 2009 que se tenía que haber pagado el pasado mes de septiembre, por las actuaciones realizadas por los Colegios de Abogados en las tres provincias relativos al Turno de Oficio y de Asistencia al Detenido.
Benlloch ha pedido a la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y aprovechando las declaraciones de la misma después de la firma de un convenio ayer en Madrid, que "si de verdad quiere mantener el servicio de asistencia jurídica gratuita para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana, tenga en cuenta una partida considerable que asegure el pago del trabajo que ofrecen los abogados y evitar, así, que aumente, ya sea la deuda en sí como los retrasos en el pago".
Manifestación
Por este motivo, un gran número de abogados se vieron obligados a manifestarse el pasado día 3 de diciembre frente a la Casa dels Caragols con el objetivo de exigir al Consell que haga efectivo el cobro con la mayor celeridad posible.
El secretario de Libertades Públicas ha concretado que la deuda a los abogados de oficio de Castelló de la conselleria de Justicia ha llegado a ascender a unos 570.000 euros aproximadamente. Pero además, ùhay que tener en cuenta que las retribuciones a los abogados del turno de oficio no se actualiza desde el año 2005, como tampoco el IPC", añade.
Para Benlloch, mientras el Gobierno de España "apuesta por la creación de nuevos juzgados, y la Fiscalía potencia los destacamentos territoriales permanentes, como es el caso de Vinaròs, para que la justicia sea más ágil, la Generalitat no dota de funcionarios para completar las plantillas de personal".