Los alcaldes exigen a la Generalitat garantías de cobro por el plan Camps

JORDI RUIZ CASTELLÓ Una treintena de alcaldes y concejales de la provincia mantuvieron ayer un encuentro con el director general de Cohesión Territorial de la Generalitat, Vicente Sauri, y con el delegado del Consell en Castelló, Joaquín Borrás, para abordar la tramitación de los proyectos del Plan Confianza. Algunos munícipes trasladaron su malestar a los representantes del gobierno valenciano por la falta de garantías de cobro y por la situación de indefensión de los ayuntamientos ante los contratistas. El Consell se comprometió a pagar en el plazo máximo de 60 días desde la recepción del certificado de obra. Los alcaldes respondieron que un compromiso verbal carece de valor legal en caso de reclamación.
Como explicó ayer este diario, varios ayuntamientos castellonense han decidido aplazar la ejecución de sus proyectos incluidos en el Plan Confianza. El motivo es que, en muchos casos, el Consell no es el promotor de la obra, sino que delega en los municipios la responsabilidad de contratar y luego les remite el dinero. El problema es que, en caso de impago o retraso en las transferencias, el responsable ante la empresa adjudicataria es el ayuntamiento y no la Generalitat. De ahí que algunos consistorios exijan que sea la administración autonómica la que contrate todos los proyectos o que aporte alguna garantía legal que no deje en una situación de indefensión a los ayuntamientos ante una hipotética reclamación.
Con esta preocupación acudieron ayer a la reunión convocada en la sede del Consell en Castelló. Algunos alcaldes y concejales, como los de Almenara, les Coves, les Alqueries o Morella plantearon sus dudas a los responsables del gobierno valenciano. Éstos se limitaron a trasladar el compromiso verbal del Consell de que, en el plazo máximo de 60 días desde la recepción del certificado de obra, se transferirá el dinero a los ayuntamientos.
En declaraciones a este diario, el delegado del gobierno autonómico en Castelló, Joaquín Borrás, lamentó que algunos municipios gobernados por el PSOE "intenten desprestigiar y crear dudas en torno al Plan Confianza" y citó los casos de Vinaròs, Onda y Benicàssim. Borrás subrayó que existe la garantía del Consell de pagar en el plazo máximo de dos meses. Lo que no aclaró es cómo se puede trasladar esta garantía al contrato que firmen los ayuntamientos con las empresas.