La Generalitat reparcela un sector vinculado al PAI Mestrets y anulado por el TSJ

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El Conseller de Infraestructuras, Mario Flores, se reunió ayer con el alcalde, Alberto Fabra, para informarle de que las obras de la ronda oeste de circunvalación fueron licitadas ayer y comenzarán en el primer trimestre del año 2010. Fabra destacó que esta infraestructura "es una gran apuesta de la Generalitat por Castelló". "Con la prolongación de la ronda en su parte oeste vamos a encontrar mejoras muy importantes en infraestructuras para nuestras empresas y para que los ciudadanos puedan desplazarse con mayor comodidad y seguridad". La obra tiene una inversión de 21 millones de euros y será financiada por la Generalitat Valenciana dentro del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana (2009-2011). En el proyecto de la Ronda Oeste (fase I) se ha previsto la creación de un eje vial de doble carril en cada sentido y se dispone de un vial de servicio hasta el punto kilométrico 600 en cada sentido. A partir de ahí se realiza un vial de servicio en sentido hacia la carretera de Borriol, que se duplica a partir de la rotonda del camino Mestrets. La ronda oeste en su primera fase cuenta con un trazado de 2,5 kilómetros de longitud y una anchura global del vial de 36 metros. El proyecto prevé un enlace a distinto nivel para el acceso al Tetuán XIV, de forma que  la ronda pasa en trinchera, y se mantiene el paseo de acceso al antiguo cuartel  en la situación actual, con un puente sobre la ronda.  Además, el camino de acceso a Penyeta Roja pasará sobre la ronda, a distinto nivel, manteniéndose éste en la rasante actual.

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La Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo publicó ayer la orden de reparcelación forzosa del programa urbanístico que debe generar los terrenos para la ronda oeste (sector 24) a pesar de que este plan se encuentra anulado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que invalidó la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana, y con ella el PAI Mestrets.
Dicha reparcelación, gestionada por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), también propiciará la la construcción de 752 nuevas viviendas protegidas y fue aprobada al mismo tiempo que se anunciaba la licitación de la obra de la ronda oeste.
De este modo, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Castelló mantienen su postura de acogerse a la posibilidad de desarrollar los planeamientos urbanísticos anulados a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la sentencia que anula el PAI Mestrets.
El fallo judicial suele demorarse varios años y, en caso de que ratifique la sentencia en favor de los vecinos, el ayuntamiento y la Generalitat prevén saldar la cuestión pagando a cargo del presupuesto público la correspondiente indemnización millonaria.
El Gerente del IVVSA, Javier Sogorb, explicó ayer que la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana "es el último paso administrativo de la tramitación urbanística de este sector. Con ello, la conselleria da luz verde al inicio de unas obras de urbanización que garantizarán el acceso a una vivienda protegida digna y de calidad a cientos de familias y jóvenes que buscan su primera residencia en la localidad de Castelló".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) anuló la modificación número 6 del PGOU y el programa urbanístico de Mestrets por cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste de obtener suelo para cinco grandes proyectos de interés general: construir 4.500 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Estos proyectos constituyen una de las columnas vertebrales del modelo de crecimiento urbanístico diseñado por el ayuntamiento y están valorados en más de 100 millones de euros.
Sin embargo, los proyectos municipales han topado con los recursos judiciales y seis años de movilizaciones de alrededor de 20 familias cuyas casas serán desalojadas si se ejecuta el PAI.