LEVANTE-EMV/E.P. CASTELLÓ
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció ayer que va a emplazar al Gobierno central a que "reconsidere" su posición respecto a la aplicación de la Ley de Costas en la Comunitat Valenciana, y a que se siente a dialogar "con urgencia" con los representantes de los chiringuitos, a quienes la norma les obliga a derribar parte de sus instalaciones.
Alarte se pronunció en estos términos días antes de la reunión que mantendrán, el martes, los hosteleros valencianos con el delegado del Gobierno central en la Comunitat, Ricardo Peralta, para llevar a cabo una negociación. También después de que el viernes 60 asociaciones de hostelería, ocio y turismo realizaran un acto reivindicativo para apoyar los chiringuitos, al que acudió la alcaldesa Rita Barberá quien acusó a los socialistas de despreciar las tradiciones, modos de vida y puestos de trabajos de los valencianos.
Avisos a los locales
Cabe recordar que el ejecutivo central pretende aplicar las Ley de Costas de 1988 (después años de impunidad), que supone que los propietarios de los chiringuitos deben retirar las terrazas y cerramientos que sobrepasen los 150 metros permitidos para el local. Tras las llegada de cartas enviadas por Costas a los chiringuitos para que cumplan la ley, Rita Barberá exigió una negociación con el Gobierno para evitar estas intervenciones en los locales.
El delegado del ejecutivo central, Ricardo Peralta, contestó que se estaba negociando ya con los chiringuitos y que no habría sanciones mientras el diálogo estuviese en marcha. Estas cartas, señalaban desde Costas, se habían hecho llegar para dejar claro la prevalencia de la ley ante el desafío de la administración valenciana y que seguramente no habrían mas misivas. Pero de nuevo las cartas llegaron a otros locales retrasando esta vez seis meses el plazo de cumplimiento de la ley. Peralta aseguró el viernes que el objetivo de Costas es que los locales de las playas sigan funcionando pero "en el marco de la legalidad".
El Consell reclama
más competencias
El Consell recordó ayer la solicitud que ya lanzó a principios de diciembre, en la que exigía que se le traspasasen las competencias sobre los chiringuitos. Así, apuntaron que la Generalitat valora pedir esta transferencia para "poder evitar el cierre y desmantelamiento de más terrazas y locales en las playas valencianas". Según indicaron desde el Consell, a través de la Ley de Espectáculos ya regula los establecimientos públicos y locales de ocio, por lo que la cesión "vendría a completar dicha competencia". Además, destacaron que el Consell ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para abordar este asunto. La polémica afecta a diversos locales en todo el litoral castellonense, aunque tal vez los más populares son los ubicados en la playa del Gurugú de Castelló