Orpesa acuerda quitar el puente del Xinxilla que defiende ante la Audiencia

RAMÓN PARDO CASTELLÓ El consistorio de Orpesa expone estos días el plan de ordenación del frente litoral de su costa norte que prevé la eliminación de la carretera de la playa y el puente sobre la desembocadura del Xinxilla, que une el vial con la urbanización de Marina d'Or. Un puente cuya necesidad defendió el Partido Popular en pleno hace unos años, a la par que se sumó al recurso de la empresa ante el Ministeri0 de Medio Ambiente para evitar el derribo del puente. Ahora, ese proceso está en la Audiencia Nacional.
La aprobación del proyecto de regenerar la playa de Morro de Gos y crear un cinturón dunar, además de actuar en el saladar de la Albufera planteado por Costas y asumido por el grupo de gobierno de Rafael Albert, conlleva aceptar el derribo del puente por el que mantienen el contencioso contra el Gobierno en la Audiencia Nacional. De ahí que el portavoz del Bloc, Josep Lluís Romero, pregunte "¿cómo van a justificar ambas posturas?, porque en el pleno de aprobación del contencioso sostuvieron que el puente era preciso mantenerlo, pese a los informes contrarios de los técnicos ante el temor de avenidas".
Lo cierto es que el citado puente no estaba incluido en el PGOU y era una concesión provisional, hasta finalizar la construcción de la urbanización. Ahora, con un vial que comunica el pueblo con Marina d'Or, la avenida de Barcelona, esos accesos están asegurados y hacen innecesaria el vial de la playa, lo que permitirá crear el cordón dunar y actuar en el entorno.
La reconstrucción del puente en la desembocadura del río data de 2001 y presentada su aprobación al pleno por la empresa "un año después como hecho consumado", recalca Romero.
La petición simultánea de la concesión del puente por la empresa fue rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente, en base a informes técnicos negativos sobre la capacidad de evacuación del puente y la peligrosidad por el caudal que podía tener el río en épocas de lluvias, informes todos ellos ratificados por técnicos del Ayuntamiento de Orpesa, recuerda el edil nacionalista. Esa negativa dio pie al recurso ante la Audiencia.
Y ello, a pesar, dice Romero, de que "el consistorio no tiene competencias sobre la zona de dominio público marítimo-terrestre que atañe a la Dirección General de Costas".
Asimismo, Romero detecta que la supresión del vial de la playa conllevará un cambio en las costumbres y usos circulatorios de vecinos y veraneantes. Por ello reclama un estudio pormenorizado del tráfico para buscar soluciones. Y es que denuncia la falta de un acceso o salida del entorno de esa playa por el vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero no construido, de la Carrerasa El Coniller hacia la nacional 340 o la AP-7.