Moliner alega que el sobrecoste del Centre de Calatrava debe solucionarlo el Consell

Dice que quiere el proyecto más ambicioso y que su encarecimiento no afecta las arcas municipales

 
Santiago Calatrava y Alberto Fabra exhiben el proyecto junto a Camps y Fabra en 2008.
Santiago Calatrava y Alberto Fabra exhiben el proyecto junto a Camps y Fabra en 2008.  levante-emv

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ El gobierno del Ayuntamiento de Castelló manifestó ayer que el encarecimiento del proyecto del Centre de Convencions de Santiago Calatrava de 60 a 100 millones de euros "no supone un problema para el ayuntamiento, porque lo que Castelló quiere es tener el proyecto más ambicioso posible con el compromiso de que la Generalitat va a sufragarlo íntegramente".
Esta fue la postura que defendió ayer el vicealcalde de la capital de la Plana, Javier Moliner, quien argumentó que el sobrecoste del proyecto denunciado por el Síndic de Comptes no afecta a las arcas municipales y será costeado por los presupuestos del Gobierno Valenciano. "Cueste más o cueste menos, es algo que debe solucionar la Generalitat. Nosotros lo que queremos es el centro cuanto antes y en las mejores condiciones".
Moliner salió así al paso de la polémica que ha suscitado el informe anual del Síndic de Comptes, que saca a la luz que Calatrava pretende aplicar un aumento de precio de más del 66% de lo previsto antes de que ni siquiera hayan comenzado las obras. Así lo explica textualmente el documento del Síndic. "El proyecto básico entregado el 3 de noviembre de 2008 estima un presupuesto de ejecución material de la obra de 100 millones de euros, mientras contractualmente se había fijado en 60 millones de euros".
La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat sigue sin aprobar este modificado un año después de que fuera presentado por el gabinete de Calatrava y mantiene un pulso que está demorando aún más una obra que fue anunciada en 2005 por el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, con el compromiso de iniciar las obras durante el año 2007.
El informe del auditor de la Generalitat, Rafael Vicente, también advierte de que el pasado 30 de octubre todavía no había recibido el proyecto básico rectificado con un estudio que explique los cambios que justificarían un aumento de 40 millones de euros en el coste previsto en el contrato".
Por lo pronto, sólo la redacción del proyecto y del anteproyecto básico ha supuesto a los fondos de la Generalitat alrededor de 2,7 millones de euros, de los que más de 1,3 aún quedan pendientes de pago, en un contexto marcado por la falta de liquidez económica del Consell.

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