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El Gobierno central concedió ayer una moratoria a las terrazas de Valencia, mientras obvió aclarar el futuro de los chiringuitos de la playa de Castelló. La Demarcación de Costas de Valencia comunicó ayer que prorroga la concesión a los locales del Pinedo y Saler en los mismos términos que la tienen actualmente hasta que concluya la negociación y se busque una solución definitiva. Eso significa que mañana seguirán teniendo sus terrazas. De momento, esta prórroga administrativa afecta sólo a las instalaciones valencianas pues éstas, y a diferencia de las de Castelló, son fijas y su concesión administrativa finaliza mañana, según concretaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Los chiringuitos de Castelló son desmontables y sólo están en pie en los meses de verano.

Fuentes de la subdelegación informaron que la medida de Costas no es aplicable a los locales de Castelló. Señalaron que las edificaciones del Saler y el Pinedo son fijas y tienen una concesión para terraza, y afirmaron que el Gobierno ha concedido la prórroga al acabar la concesión de las terrazas de Valencia el 1 de enero. La moratoria se mantendrá hasta que Gobierno, Consell, consistorio valenciano y empresarios pacten una solución. La situación de los establecimientos de Castelló sigue así sin variaciones. La Ley de Costas prevé sólo 20 metros cuadrados para las terrazas desmontables.

El concejal de Medio Ambiente en Castelló, Gonzalo Romero, participó ayer por la mañana en una reunión con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con los ediles del ramo de Alicante y Valencia y con empresarios del sector hostelero. En ésta se informó sobre la nueva moratoria del Gobierno.

Romero reclamó al Ejecutivo central que amplíe la moratoria a todos los chiringuitos de la Comunitat hasta que transfiera las competencias sobre los mismos a la autonomía. Romero advirtió que el cierre de los chiringuitos supondrá la pérdida de 200 puestos de trabajo.

Rita abandera, Alarte definitivo

El Gobierno había comunicado previamente a los seis restaurantes de Pinedo y los dos de El Saler que desde el 1 de enero debían eliminar sus terrazas y cerramientos, que excedían las medidas establecidas por la Ley de Costas.

Acogiéndose al artículo 65 de la ley podía concederles excepcionalmente 50 metros de terraza más allá de los 150 de local, pero en ningún caso, y así se lo comunicó el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a los afectados, los 150 metros solicitados.Esa postura puso en pie de guerra a los hosteleros y a quien se convirtió en su principal abanderada, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en un acto en Pinedo defendió la permanencia de los chiringuitos en su estado actual. También el Consell se puso del lado de los locales y reclamó las competencias en la materia. Pero ha sido la posición final del PSPV la que ha desencadenado la resolución. Su secretario autonómico, Jorge Alarte, exigió una negociación para salvar estos negocios.