El Bloc califica de sospechoso el reparto de la herencia Martell

Macián estima que la distribución podrá zanjarse en el primer trimestre de 2010

 

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El Bloc Nacionalista Valencià trasladó ayer al PP en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Castelló que resulta "injustificable" la demora del reparto de la herencia Martell y le advirtió que existen "sospechas de cómo se han gestionado los bienes, qué ventas se han realizado y a qué manos han ido a parar".
Esta inquietud fue planteada por el portavoz de la formación nacionalista, Enric Nomdedéu, quien subrayó además que el valor de los bienes a repartir entre entidades sin ánimo de lucro ha bajado debido al contexto de crisis y debido a la lentitud del PP. "Cuanto menos, podemos decir que los bienes inmuebles de la herencia, que son muchos, han perdido buena parte de su valor porque ahora debido a la crisis han bajado los precios, y la mala gestión y la lentitud del PP han hecho que se pierda parte de un patrimonio que debía beneficiar a la sociedad, y por lo tanto también a las instituciones".
Nomdedéu también explicó que el concejal de Economía, Juan José Pérez Macián, respondió que confía en poder ejecutar el reparto entre las asociaciones aspirantes "durante el primer trimestre de este año".
La Generalitat demora desde hace siete años la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a repartir entre entidades sin ánimo de lucro la herencia millonaria de Josefa Martell, labradora castellonense que falleció en 1988 sin dejar testamento. Un fallo judicial exigió en 2002 al Consell que devolviera la fortuna de la cual se había apropiado y procediera a su distribución a partes iguales entre la Generalitat, asociaciones de la provincia de Castelló y asociaciones de la capital de la Plana.
Sin embargo, los expedientes del Consell revelan la venta de propiedades sin la preceptiva subasta pública y que en algunos de estos terrenos ya existen programas urbanísticos consolidados en los que incluso se ha confirmado la existencia de chalés. Pese a ello, la Generalitat Valenciana insiste en asegurar que todo el proceso ha cumplido de forma tajante la legalidad vigente.

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