El Consell planea fijar en una nueva ley su relación con las diputaciones

JULIA RUIZ VALENCIA Las complejas relaciones entre la Generalitat y las diputaciones provinciales, marcadas en muchas ocasiones por las diferencias políticas y los conflictos internos entre sus respectivos responsables, podrían tener en el futuro un cauce normativo distinto. El Ejecutivo que preside Francisco Camps tiene previsto aprobar una nueva ley en el que se regule la coordinación entre ambas administraciones e incluso contempla "institucionalizar las relaciones" mediante la celebración con carácter anual de una Cumbre de Cohesión Territorial entre la Generalitat y las diputaciones provinciales.
Así consta en el anteproyecto de Ley de Régimen Local de la Comunitat promovido por el departamento de Solidaridad y Participación y cuyo titular, Rafael Blasco, promete llevar a las Corts este año. El texto, que tiene el visto bueno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, dedica un apartado a las diputaciones provinciales y, prevé que una futura ley aprobada en las Corts por mayoría absoluta regule como han de coordinarse ambos organismos.
Este nuevo marco normativo sustituiría la antigua ley de 1983 por la que se declara de interés general para la Comunitat determinadas funciones propias de la diputaciones provinciales. Esta norma, que data del primer Gobierno de Joan Lerma, está todavía en vigor, pero se derogará prácticamente virgen, ya que ningún jefe del Consell se ha atrevido a hacer uso de ella para someter a los diferentes presidentes provinciales, en algunos casos, auténticos barones territoriales con autonomía propia. De hecho, la ley de 1983 otorga al Consell facultades de control sobre la gestión de las diputaciones "obligadas"a seguir las directrices del Consell. De hecho, sobre el papel se exponen a perder subvenciones y la asignación que reciben de la Generalitat si incumplen las normas de coordinación. En la práctica, los presidentes de las corporaciones provinciales han funcionado de forma autónoma. Con el reparto de fondos a los municipios, los responsables de las diputaciones han podido generar su propia red clientelar y, en muchos casos, actuar como un auténtico contrapoder al inquilino de turno de la Generalitat a pesar de pertenecer al mismo partido político. El caso del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, es paradigmático.
Los conflictos internos también han marcado en la era Camps las relaciones con las diputaciones. El caso de Alicante, "reino" del zaplanista Joaquín Ripoll, es también ejemplarizante de cómo las diferencias orgánicas han marcado las relaciones entre las instituciones. Como muestra un botón. Cuarenta y ocho horas antes del congreso provincial que dio la victoria a Ripoll, el presidente Camps anunció una lluvia de millones en los municipios alicantinos fuera de la órbita ripollista. Una de las primeras medidas que adoptó el líder alicantino en su calidad de presidente de la Diputación fue anunciar un plan de obras que beneficiaba a las poblaciones que el jefe del Consell había marginado en su anuncio.
El tira y afloja desde el punto de vista monetario también ha sido una constante entre Fabra, factotum de Castelló, y el Consell de Camps.
La antigua ley también contempla órganos de coordinación, que en 27 años sólo se han reunido en par de ocasiones. Si el texto legal sale adelante, la Cumbre de Cohesión sentará anualmente a los responsables de las tres diputaciones con el jefe del Consell para analizar el "estado de colaboración y coordinación de sus respectivos intereses". Durante el mandato de Camps no ha sido posible un encuentro de estas características, a pesar de que en plena debilidad de Camps por el caso Gürtel fue reclamado por los barones provinciales. La cita aún sigue pendiente.
Fuentes de la Conselleria de Solidaridad indicaron que el objetivo de la nueva ley es dotar de sentido común la coordinación para mejorar la prestación de servicios en las competencias compartidas.